Con la aprobación días atrás del llamado “Plan Sancor” en una asamblea de socios, la crisis de la empresa láctea pretende ser resuelta –ante todo– con una avanzada en regla contra sus trabajadores.

 

La “incorporación de socios estratégicos” prevista en el plan de reestructuración apunta, según informa La Nación (6/6), a la cesión de un 70% de los activos de la empresa a alguno de los postores en danza: la francesa Lactalis, la neozelandesa Fonterra, el grupo mexicano Lala o –con menos chances– la uruguaya Conaprole.

 

La condición fundamental para tentar a alguno de los compradores es la reducción del personal, por lo que el plan incluye cerca de 1.200 despidos (La Haine, 2/6) sobre un plantel aproximado de 4 mil trabajadores. La degradación del convenio colectivo, otra ofrenda al gran capital, ya ha sido aceptada por la burocracia de Atilra.

 

El gobierno nacional forzó esta “resolución” por la vía de una extorsión: del comprometido crédito estatal de 450 millones de pesos, para que Sancor hiciese frente a sus abultadas deudas, retaceó 250 de ellos, condicionándolos a la votación del plan de reestructuración.

 

Con todo, el ataque que implica el Plan Sancor -que amenaza la supervivencia de pueblos enteros- deberá vencer la resistencia de los trabajadores. Consciente de ello, el asunto se sellaría recién después de octubre, en línea con la profundización del ajuste que preparan el macrismo y los mandatarios provinciales para después de las elecciones. 

 

La voluntad de ajustar y el temor a la reacción popular fue graficada por el gobernador ‘socialista’ Miguel Lifschitz: “es probable que SanCor necesite menos plantas pero lo que no queremos es padecer costos sociales” (Página 12, 6/5), indicó.

 

A su turno, el método previsto para la llegada del visitante extranjero –la conversión a sociedad anónima– es resistido por parte de los socios de la cooperativa.

 

¿Quién se ha llevado mi queso?

 

En la base de la crisis de Sancor (con 4 de 16 plantas paralizadas hace un semestre y un parate que las atraviesa a todas) se encuentra, por sobre todo, la brutal caída del consumo interno de lácteos en los últimos años (que ha bajado hasta los niveles de 2002). En el caso de la leche, un producto de primera necesidad, la caída de un 30% es un síntoma inapelable del crecimiento de la pobreza.

 

La producción de la empresa se derrumbó de tres millones de litros diarios a los actuales 700.000 litros. El kirchnerismo ha hecho su aporte al desfalco de la cooperativa: el acuerdo de ventas a Venezuela ha redundado en una deuda no cobrada con el gobierno de aquel país de por lo menos 35 millones de dólares.

 

La empresa y el gobierno buscan descargar la crisis sobre sus empleados. Pero, como se señaló previamente en Prensa Obrera, en el marco de la caída abrupta del consumo, “el problema de Sancor no es el costo laboral sino el costo empresario. La reducción de la producción ha ido de la mano de un aumento de la capacidad ociosa y con ello del aumento de los costos fijos a lo que hay que sumar los tarifazos y la devaluación. Ni hablemos del costo financiero: Sancor tuvo que soportar intereses usurarios que fueron creando una deuda que asciende a 280 millones de dólares”. A su turno, Sancor cedió el año pasado a un grupo empresario (Vicentín) su rama más rentable, que era el negocio de frescos (yogures, postres y flanes).

 

En su ataque a los trabajadores, el gobierno y las patronales han contado con el férreo apoyo de la burocracia del sindicato lácteo Atilra, de Héctor Ponce, que aceptó en abril la reducción hasta septiembre del 15% de los salarios de los trabajadores, supuestamente a cambio de que no se consumaran los despidos, que es precisamente lo que contempla ahora el plan Sancor.

 

Más aún: la dirección del sindicato selló recientemente –a espaldas de las bases– una entrega brutal de los derechos de los trabajadores lácteos para beneficio no solo de Sancor, sino de todas las patronales del área. Entre otros golpes, la modificación del convenio liquida licencias y pagos adicionales por mudanzas y matrimonio; recorta el costo de horas extra para abaratar la explotación de los obreros durante los fines de semana; instituye que el presentismo se descuenta incluso cuando el trabajador falte por accidente o enfermedad y allana la implementación de la polifuncionalidad.

 

De pie

 

Los trabajadores de la empresa denuncian el adeudamiento de meses de sueldo y la desesperante falta de información sobre su destino laboral. 

 

El activismo debe organizarse para resistir el ajuste: Ningún despido, no a la flexibilización, apertura de los libros de la empresa. Por una intervención independiente de los trabajadores mediante una comisión electa en asamblea y responsable ante ella.