Para el próximo 25 de agosto el Partido Obrero de Córdoba y las agrupaciones sindicales de los trabajadores estatales, orientadas por nuestro partido, hemos convocado a un plenario clasista.

La crisis que envuelve al estado provincial se expresa en ataques a los trabajadores estatales y a la población (ya hubo aumento de tarifas e impuestos). La "sintonía fina" comenzó con la no renovación de contratos, el desmantelamiento de servicios, la desaparición de programas de asistencia, etc. Ahora va por un operativo mayor. Después de repetir durante semanas -y de comprometerse formalmente en la Legislatura- que la Provincia de Córdoba no iba a armonizar el régimen jubilatorio local con el nacional y que no iba a aceptar las exigencias de la Nación para enviar los fondos adeudados, De la Sota anunció sus intenciones de proceder a un cambio en el actual régimen de jubilaciones. A las cartas documento enviadas a Nación, a la presentación ante la Corte, ahora se suma la decisión de "denunciar" el convenio de 1992 por el cual la provincia cede el 15% de la coparticipación a la Anses. Tal cual lo anticipó el bloque del Frente de Izquierda todas estas medidas son la pantalla para proceder al ajuste que exige el kirchnerismo (modificación del cálculo del haber jubilatorio inicial -promedio últimos 10 años- y actualización por el índice nacional).

En los últimos días los dirigentes de los 22 gremios estatales se han encerrado en largas y herméticas reuniones para ofrecer "alternativas" que hagan "viable" el régimen jubilatorio. Las propuestas que trascienden van desde poner un tope al haber jubilatorio hasta aumentar el aporte de los empleados (que hoy ya está en el 18%). En nombre de la defensa del 82% (que ya fue vulnerado con la reforma de 2008), están pergeñando la liquidación del mismo. Mientras los dirigentes se encierran a discutir y DLS hace fuegos de artificio con el aval de radicales y juecistas, el gobierno está preparando las condiciones para aislar a los trabajadores estatales y obtener un respaldo popular a su ataque a la Caja (según trascendidos en una reunión con intendentes DLS planteó la posibilidad de un plebiscito o consulta sobre la Caja, Clarín 3/8).

El gobierno está apurado porque las finanzas provinciales están en rojo. Hay una deuda de casi 1.000 millones de pesos con proveedores y contratistas. Esta situación es el resultado del brutal endeudamiento de la provincia, de la fuerte política de eximiciones impositivas y subsidios a los grupos capitalistas y también de la caída de la actividad económica que empezó a sentirse en la recaudación provincial y lo que la provincia recibe por coparticipación que en los últimos meses quedan por debajo de la inflación; a esto se suman las deudas de la Nación con la provincia (que en total superan los 2.000 millones).

El plenario clasista será la oportunidad de establecer el programa, los métodos y las medidas para que los trabajadores intervengan en la situación con una política propia: abajo el ajuste, no a la armonización, plena vigencia de la ley 8024, abajo la intervención de la Caja, salario mínimo igual a la canasta familiar, reapertura de las paritarias, prohibición de despidos y suspensiones, basta de precarización laboral, fuera Electroingeniería de Epec.