La docencia del Área de Programas Socioeducativos que comprenden más de 30 programas que funcionan en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha sido sometida largamente a una situación de precarización laboral y, por consiguiente, de vulneración de derechos en relación a la estabilidad laboral.

Esto ha valido décadas de lucha de los docentes mencionados, quienes en diversos casos permanecieron bajo contratos y en otros han tenido que ejercer tareas como monotributistas. 

Históricamente, sólo los sectores combativos del gremio docente levantaban el planteo de ingreso al Estatuto y titularización de los programas y sus docentes, ya que tanto los distintos gobiernos de turno (Ibarra, Telerman, Macri) lo rechazaban de plano, y la conducción burocrática de UTE lo avalaba con el argumento de que para sostener el “perfil pedagógico” de los programas debían permanecer por fuera del Estatuto y con condiciones de ingreso sujetos a coloquios y evaluaciones que confirmen o no dicho “perfil”, en vez de ser por acto público según el orden de mérito de cada aspirante.

Tras incesantes reclamos por el pase al Estatuto Docente y la titularización se aprobó la Ley 3623/10. Dicha ley se constituye como una respuesta distorsionada por parte del gobierno, ya que a través de la misma se desvirtuó el carácter de diversos programas no incorporándolos en sus áreas correspondientes, desconociendo la esencia del reclamo docente, como en el caso del programa Maestro+Maestro, el cual está conformado por docentes de grado que refuerzan los procesos de la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer ciclo de las escuelas primarias, pero sin embargo quedaron fuera del área de pertenencia. Otros programas dan cuenta de la misma situación, ya que el gobierno creó un área que tiende a paralelizar el propio sistema educativo formal con sus áreas y niveles educativos correspondientes. 

Otro aspecto en cuanto a la vulneración de derechos fue la demora del gobierno en la aplicación de la Ley 3623, aprobada en 2010, ya que recién en 2015 se dio la primera tanda de titularizaciones, pero dejando afuera -por las fechas estipuladas en la letra de la Ley en cuestión- a la mayoría de la docencia de los programas. Esto trajo aparejado una secuela lesiva a los derechos docentes ya que la mitad de quienes se desempeñan en los diferentes programas se encuentran sin derecho a concursar y por consiguiente titularizar los cargos.

Por otra parte, la Legislatura de la Ciudad sancionó el 12 de mayo de 2022 una ley de titularización, pero que incluyó sólo a docentes de nivel medio, excluyendo a los docentes de los programas socioeducativos. El nuevo proyecto de ley vuelve a tomar esta problemática que ya fue presentada en anteriores proyectos, como en 2022 por la legisladora Amanda Martín del PO-FITU. Este estado de situación amerita la titularización inmediata de la docencia de los programas del área para subsanar una vulneración que se prolonga a lo largo del tiempo.

El Ministerio de Educación ha dejado trascender recientemente su negativa a titularizar masivamente a los docentes de los programas socioeducativos. Será, como en años anteriores, la organización y lucha docente la que logre avanzar en la conquista de los derechos vulnerados por el gobierno.

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