La Conta (Comisión Nacional del Transporte), el ente regulador del autotransporte nacional, acaba de ser disuelta, para fusionar sus funciones con las de los entes reguladores de los ferrocarriles de pasajeros y de carga. La Conta “se habría opuesto al último ajuste del 20 por ciento en los boletos del autotransporte”. Este nuevo ‘superente’ estará “a cargo de Roberto Chiappa, cuyo fundamental mérito para detentar este puesto es el de ser amigo de Carlos Menem”(Página 12, 12/12).

Con esta medida, el gobierno pretende salir al cruce de varias crisis a la vez. De un lado, el colapso de las empresas de auto-transporte y del transporte ferroviario de cargas; del otro, “lidiar con los adjudicatarios privados, que, en el caso ferroviario, tienen sus contratos en revisión” (ídem). Según algunas informaciones, la Conta habría sido disuelta por oponerse a una suba del boleto (ídem).

Las autoridades de la Conta eran partidarias de una concentración de las líneas del autotransporte. Las empresas más castigadas por el ‘reflotamiento’ del ferrocarril, la acusaban de servir a los intereses de grandes capitales ligados a los fabricantes e importadores de grandes unidades —Macri, Transportes Plaza, etc. Las autoridades ‘cavallistas’ venían aplicando, además, un mayor‘rigor’ impositivo, y habían mandado a la quiebra a la principal compañía de seguros del autotransporte, cuyos accionistas eran los mismos empresarios del sector.

Las patronales y el gobierno pretenden enfrentar la crisis empresaria mediante una acentuación de la ‘flexibilización’ laboral y mediante una ‘racionalización’ que integre (y concentre en pocas manos) el transporte ferroviario de pasajeros con el de colectivos. Esto dejará en la lona a las líneas que corren paralelas al recorrido ferroviario. La concentración empresaria reforzará, en forma espectacular, la presión ‘flexibilizadora’, con la ayuda de los recientes decretos antilaborales de Menem.

Dado que la dirección de la UTA no tiene una política para enfrentar esta situación, es necesario que se convoque a un congreso de delegados con mandato, para defender los derechos obreros, elegir paritarios, reclamar un aumento de salarios y elaborar un plan de transporte contra las pretensiones de los monopolios.