¿Por qué las empresas de transporte urbano de Córdoba se niegan a cumplir paritaria nacional?

Trabajadores nucleados en la UTA reclaman el cumplimiento de la paritaria nacional, por eso vienen realizando asambleas en diferentes puntas de líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. El acuerdo que la conducción gremial firmó en el Amba y que debería extenderse en todo el país consta de un aumento salarial del 6% en julio, 8% en agosto y 10% en septiembre, pero las empresas ofrecen solo un 2% en dos meses, además habría una suma no remunerativa que está en discusión.

Más allá que el acuerdo firmado en el Amba es insuficiente, las patronales de Córdoba se niegan a cumplirlo y presionan en función de defender su tasa de ganancia. Ahí radica el centro de la cuestión. Los trabajadores ya deberían haber cobrado los aumentos firmados, pero las empresas incumplen, mientras tanto el intendente Daniel Passerini cuestiona las asambleas, y en tanto poder concedente deja pasar la especulación patronal, otra muestra de los verdaderos intereses que defiende el Ejecutivo municipal, puesto que con esta situación se ven perjudicados los choferes y por supuesto las empresas.

Patronales que protegen sus ganancias y la complicidad del Municipio

El acuerdo firmado para el Amba estipula para los trabajadores un salario básico de $1.645.721,36 a partir de julio, $1.676.990,06 desde agosto y $1.707.175,88 a partir de septiembre, junto con una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 y una actualización en los viáticos por día trabajado ($20.000 en julio, $21.000 en agosto y $22.000 en septiembre).

En este escenario, la oferta empresarial del 2% ratifica su férrea defensa de la tasa de ganancia, un beneficio de la patronal a costa del bolsillo de conductores y usuarios. Mientras la patronal chantajea con una supuesta falta de recursos, la administración municipal de Passerini, en la vía de los hechos convalida un ataque al salario dejando correr el incumplimiento de las concesionarias.

Un boleto por las nubes, la mentira del combustible y la crisis del sistema

El costo del servicio para los usuarios dio un salto con la suba del pasaje a $2.150, lo que representa un incremento del 25% respecto a los $1.720 que regían hasta el mencionado último aumento. El Ejecutivo municipal justificó el tarifazo señalando un supuesto incremento del 30% en los combustibles, un 12,8% en los costos salariales y la salida de la empresa FAM, que derivó en un esquema de contingencia.

El argumento del costo del combustible es una constante excusa patronal y oficial para transferir los costos al bolsillo popular. Además, desde la eliminación del Fondo Compensador para el Interior por parte del gobierno nacional, la Municipalidad declara haber destinado más de 250.000 millones (alrededor de US160 millones) para sostener el sistema, invirtiendo cerca de $7.000 millones mensuales. Sin embargo, ni los subsidios millonarios ni los tarifazos sistemáticos han derivado en una mejora del servicio o en la garantía de los derechos laborales.

Un programa de salida

Frente a este cuadro, la banca de Cintia Frencia del Partido Obrero en el Frente de Izquierda viene exigiendo mediante un pedido de informe e interpelación a las autoridades municipales, se detalle el monto y el destino de los fondos municipales a cada empresa, somos así también se abran los libros de las mismas para establecer el verdadero costo del boleto.

Es necesario defender en primer lugar el salario de los trabajadores, además la banca del FIT plantea la apertura de libros de las empresas, junto al control de trabajadores y usuarios, esto se vuelve indispensable para defender el derecho al transporte y mejorar condiciones de trabajo. A la luz de la crítica situación es claro que el sistema de condición privada del transporte fracasó. Por eso insistimos en nuestro proyecto de estatización bajo control de trabajadores y vecinos,

La presente situación es entera responsabilidad de quienes gobiernan, Nación, provincia y municipio, que llevaron a un régimen de emergencia permanente desde 2020, lo que permite al Ejecutivo local gestionar de manera arbitraria, por fuera del Concejo Deliberante y sin ningún tipo de control popular.

La política deliberada del PJ y la oposición patronal defiende la renta de las patronales, a costa de los bolsillos del pueblo trabajador y garantiza la absoluta falta de transparencia sobre adónde van a parar los fondos públicos. Para empezar a construir una salida de fondo a la crisis del sistema de transporte es necesario apuntar al parasitismo patronal, que extiende sus ganancias, mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo, y los usuarios frecuencias y calidad del servicio.