El movimiento obrero batalla en varios frentes.

El costo de vida aumentó un 40 por ciento, pero las paritarias cerraron con un aumento salarial promedio del 29,7 por ciento anual en cuotas. Así, la inflación se devora el salario -especialmente las jubilaciones, condenadas a un mísero aumento del 11,3 por ciento hasta setiembre. Esta situación ha disparado un movimiento por la reapertura de paritarias, el cual tiene expresión en la docencia bonaerense, salteña y de Rio Negro.

Un segundo frente es el impuesto al salario. Muy peculiar, pero agudo. El gobierno, al prolongar el cálculo del congelado piso de 15.000 pesos de salario bruto al mes, agravó la carga de 1.300.000 afectados. Esto suma presión despareja en gremios como el neumático, la siderurgia, el Smata o la docencia; pero presión pareja en bancarios o en los salarios patagónicos. La tabla de Machinea hace el resto.

Y un tercer frente, el más dramático, es el de los despidos y suspensiones, retiros ‘voluntarios’ y jubilaciones anticipadas o simples cortes de contratos temporarios. Contra el ‘relato’ de los Pignanelli, las suspensiones y recursos de crisis se transforman crecientemente en despidos.

La recesión está declarada, aunque no en toda su magnitud. En el primer trimestre del año se cerraron 310.000 cuentas sueldo en los bancos. El movimiento obrero tiene aquí su batalla más difícil contra la asociación de la burocracia sindical al gobierno y su política consciente de ajuste. La recesión está siendo además usada, por patronales como Weatherford, Gestamp, Calsa o Lear, para imponer planes de superexplotación contra los trabajadores, atacando a su activismo. Otras, como la industria frigorífica, operan planes de reestructuración a escala del Mercosur, algo común también a las autopartistas.

Las luchas -en su momento la de Valeo, que disparó el paro general de la UOM cordobesa, más recientemente Calsa, Gestamp o Lear- representan un esfuerzo del movimiento obrero por poner un límite a esta ofensiva de conjunto, apoyada en las líneas centrales de una política económica que comparte toda la clase capitalista. Ofensiva apoyada también por oficialismo y oposición, que unifica a los pagadores de la deuda y de los buitres.

Pero ocurre que en el campo del movimiento obrero, ni la CGT oficial ni la opositora dijeron palabra sobre la crisis de la deuda que sacude al país y a los trabajadores, porque están en el campo político de los pagadores. Esencialmente, la burocracia sindical está subordinada al ajuste (miremos, si no, las paritarias de camioneros). Los topes fueron rotos por grandes huelgas docentes, por aceiteros o la alimentación, no por camioneros, cuyos trabajadores no fueron convocados a la lucha.

Moyano enfrenta la atomización de camarillas de la burocracia con el método de la rosca, la que no evita nuevas escisiones como las de los gremios del transporte. Así, han pasado cuatro meses desde el gran paro del 10 de abril. Se reproduce el sistema del paro aislado que usara Saúl Ubaldini, su objetivo es reposicionar a una burocracia, no quebrar una política económica y social. No en función de una alternativa política contra los ajustadores. No en función de un plan económico elaborado por los trabajadores.

Nuestro planteo de paro activo nacional -el que debería ser de 36 horas, para empezar con un abandono de plantas- tiene por objeto, en primer lugar, ofrecer un canal a los cientos y cientos de fábricas afectadas por los despidos y suspensiones, para reagruparse contra la ofensiva patronal alrededor de la medida de conjunto. Para ello, promovemos asambleas en cada lugar de trabajo. El paro y su preparación oxigenaría luchas actuales -como Lear, Weatherford, Emfer- o a las que pueden venir -como la gráfica Donnelley, con 123 despidos anunciados.

Nuestro planteo de paro activo tiene un programa. Esto es clave, porque el paro “repudio” muere al otro día. Necesitamos armar a la clase obrera. Por ello, el planteo de prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo y apertura de cuentas de las empresas involucradas. En los otros frentes, reapertura de paritarias y abolición del impuesto a las ganancias sobre el salario convencional.

El clasismo y la izquierda no reúnen la fuerza para convocar a un paro nacional, pero tenemos la política para luchar por él y, mediante el programa, discutir en asambleas de los lugares de trabajo, privados o estatales, transformándolo en un instrumento en la línea de poner en pie, contra el ajuste, al conjunto del movimiento obrero. Cada fábrica que pare en esta línea, estará en mejores condiciones de pensar una huelga u ocupación de fábricas, los métodos de la clase obrera para enfrentar la ofensiva. Lo mismo en el caso de los sectores o gremios que luchan contra la desvalorización salarial y el impuesto al salario. Finalmente, la cuestión jubilatoria tiene que ser una bandera de toda la clase obrera: inmediato aumento de emergencia de 3.600 pesos, 82 por ciento móvil y devolución de la Anses a un directorio electo por trabajadores y jubilados.

La potencia de la izquierda obrera y socialista está en el hecho de que levanta las reivindicaciones para organizar y no para “contener”, y en que presenta una alternativa política al hundimiento de la burocracia sindical peronista y de centroizquierda: el Frente de Izquierda.