En la actualidad, 2 millones de adultos mayores, en edad de obtener el beneficio jubilatorio, no podrán acceder por no contar con los años de aportes (30) que son su requisito. Con el proyecto que había presentado el oficialismo, 800.000 de los mismos hubieran podido acceder a la moratoria planteada, pero al caerse su tratamiento en Diputados por falta de quórum (Juntos por el Cambio no bajó al recinto, luego de que el oficialismo condicionara la sesión con las disputas por el Poder Judicial), esta posibilidad se diluyó, lo que significa que esa enorme masa de adultos mayores ahora no contará con una moratoria que le hubiera permitido acceder al beneficio jubilatorio.

Que 2 millones de adultos mayores hayan llegado a esta gravísima situación es consecuencia directa del exponencial crecimiento de la precarización laboral, y no se trata de un tema nuevo; tanto es así que, del total de beneficiarios del SiPA (Sistema Previsional Argentino), el 43.6% obtuvieron el beneficio con las moratorias (ya caducas) según datos oficiales de fines de 2021. Otro dato a tener en cuenta, en cuanto a la gravedad de la situación planteada, es que en 2021 hubo 200.000 beneficiarios menos que el año anterior. Es fácil concluir que, ante la imposibilidad de poder acceder a una moratoria, de aquí en más ese descenso en la cantidad de beneficiarios será mucho más pronunciado, con el consiguiente “ahorro” en las partidas presupuestarias destinadas al pago de haberes.

Si a esto le sumamos el derrumbe en el poder adquisitivo de los haberes de hasta un 20% (según su ubicación en la escala), bajo la gestión del gobierno de los Fernández, y el propósito de acabar con los regímenes especiales, tenemos de conjunto un ataque de magnitudes y profundidad histórica al sistema previsional de nuestro país que afecta no solo a los beneficiarios actuales sino, como ya vemos, a la totalidad de los trabajadores, estén estos en blanco o precarizados.

Corresponde destacar que el meneado proyecto de moratoria se trató de una mera maniobra demagógica y distractiva ya que sus autores sabían perfectamente que el FMI no permitiría que el proyecto pudiera prosperar, y no solo que nunca denunció esta aberrante intromisión del imperialismo sino que el oficialismo, en todas sus variantes, no movió un dedo para que la iniciativa pudiera prosperar. En cuanto a los “gordos” de las centrales obreras, estos nunca hicieron siquiera mención del tema.

¿Qué pasará con 2 millones de adultos mayores abandonados a su suerte?

En el mejor de los casos, muchos podrán obtener la Puam por la cual percibirán el 80% del haber mínimo. Pero la obtención de esta miserable pensión tampoco es automática porque cada solicitante tendrá que superar un estudio “socioambiental” que habilite su otorgamiento. ¿Cuál es la situación actual de estos adultos mayores? Podemos inferir que los 800.000 que hubieran podido obtener la moratoria, en caso de haberse aprobado, tienen que contar con aportes previsionales y, pese a ello, ahora deberían solicitar una pensión no contributiva como la Puam. ¿Y cuál es la condición del 1.200.000 restante?

La magnitud de esta catástrofe social es abrumadora. Ante este cuadro de situación, las organizaciones de jubilados, sindicales y barriales tenemos la enorme tarea de organizar a esta masa de trabajadores para poder encarar la lucha por la obtención de los derechos que les son negados. Los plenarios abiertos convocados por el Partido Obrero tomarán esta cuestión vital en sus agendas, debates y resoluciones.