La burocracia de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), luego de “consensuar” con el novel gobernador cordobés la ley de emergencia (junto a sus “hermanos en Cristo” Pihen, Bazán, Primatesta, Berrotarán), aceptó el pago de los salarios en bonos, la reducción de un 20% en la bonificación por antigüedad, la prolongación de la jornada laboral hasta diciembre y los sábados, todo esto a cambio del pago de los salarios en efectivo de hasta 400 pesos por mes  a “cuenta” de los meses de abril, mayo y junio y la promesa de 200 pesos a cuenta del aguinaldo en los primeros días de agosto.

Después de tres meses de no ver un peso, los docentes se sienten millonarios con los 800 pesos que recibieron en el transcurso de dos semanas. Pero tienen el sabor amargo de saber que, al pagar las deudas, quedan nuevamente como antes sabiendo que los próximos pagos serán con bonos, además del recorte salarial.

Además, desaparece la figura del interino, que pasó a ser docente “contratado”, y se suprimen los suplentes, medida que se anuncia luego de evaluar el censo realizado por el gobierno durante el lunes 17 y martes 18, y que contó con la venia de la conducción Grahovac. La “ley de emergencia” borra de un plumazo el estatuto del docente, desconociendo el llamado a inscripción para el ingreso, que debía hacerse en junio, además de contemplar la municipalización de “algunos servicios de salud y educación”.

La burocracia se quedó sin respuesta cuando se anunció, el miércoles 19, mientras deliberaba el cuerpo de delegados departamentales, la reducción de la bonificación por antigüedad, medida que descartaba. Ante este anuncio, la única salida elegante que encontró para no levantar la retención de servicios (hasta entonces Grahovac quería levantarla), fue pasar a cuarto intermedio para el sábado 22, y llamar para el viernes 21 a la asamblea de delegados escolares, para ver qué hacer cuando se reúna el “órgano máximo de decisión” (al decir de los estatutos gremiales cuando se refiere a la asamblea de delegados departamentales, aparato totalmente regimentado por la burocracia, que a la hora de votar, lo hacen en secreto y a “la voz de ahura” de la burocracia).

La desmoralización nuevamente cundió entre los delegados; muchos decidieron renunciar, frente a una nueva traición de la burocracia a una lucha ejemplar como la que vinieron llevando los trabajadores cordobeses.

La salida a esta impasse se podrá dar a partir de desconocer los estatutos proscriptivos y atenazadores que la burocracia se niega a reformar, convirtiendo a las asambleas de delegados escolares en plenarios resolutivos, junto a los otros plenarios de empleados públicos, que nos permiten a los trabajadores de la provincia tomar decisiones en nuestras propias manos. El Encuentro de trabajadores se convierte, en estos momentos, en una necesidad vital para prepararnos para las nuevas luchas que se cocinan por el nuevo golpe que se les asesta a los trabajadores con este gobierno de facto.