La Comisión de precarización, trabajo y convenios deliberó durante dos horas en las que intervinieron casi tres decenas de compañeras y compañeros. Su sola composición sirvió para poner sobre la mesa el impacto de la pandemia y la cuarentena sobre los trabajadores.

Es que, por un lado, la pandemia y la cuarentena expusieron los niveles de informalidad y precarización que ya arrastraba gran parte de los trabajadores que quedaron desamparados frente a los cierres y la escasa asistencia estatal. Desde las trabajadoras de casas particulares, pasando por los trabajadores de reparto hasta los músicos expusieron su realidad con centenares de miles de puestos de trabajo perdidos, e ingresos de indigencia pero que, además, mostraron que la pandemia no impidió el desarrollo de su capacidad de organización.

También estuvo presente la forma más brutal y estremecedora de la precarización en las intervenciones de las compañeras que pusieron en pie la Agrupación de Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral que luchan por justicia por la muerte en “accidentes” laborales de sus hijos, hermanos y primos así como para la creación de comisiones obreras de seguridad en los lugares de trabajo para evitar de raíz estos asesinatos laborales que resultan del incremento de los ritmos de trabajo, la tercerización y la precarización laboral. Por eso, también integraron en el debate la necesidad de luchar por la derogación de todo el régimen de ART funcional a esa verdadera masacre que se vive en los lugares de trabajo.

Pero también se puso de manifiesto de qué forma la clase capitalista pretende valerse de la pandemia y la atomización de los trabajadores para dar un salto de alcances históricos en la precarización y la destrucción de los convenios. No solo en aquellos sectores golpeados directamente por la crisis sino también en aquellos que, de una u otra forma, se han beneficiado de la misma como las OTT que pretenden crear un convenio propio a la baja y hasta los bancos que ahorraron millones de pesos en gastos por el teletrabajo de sus empleados sin asumir los costos hogareños del home office. Del mismo modo, trabajadores bancarios denunciaron cómo las patronales se valieron de la pandemia para extorsionar en favor de una mayor precarización en nombre de la defensa de los puestos de trabajo y que, finalmente, avanzaron con miles de despidos montados en esa misma precarización. Una denuncia que podría extenderse a varios gremios.

Sobre el teletrabajo se denunciaron varios límites ya presentes en el texto original de la ley de trabajo en lo que hace a la necesidad de incluir nuevas enfermedades profesionales propias de la modalidad, medidas que impidan la creciente vulneración de la privacidad de los y las trabajadores por parte de las patronales y, finalmente, el uso de la transnacionalización de la actividad para eludir convenios en forma ostentosa.

Pero además, la propia ley fue erosionada a través de su reglamentación primero y luego, con una norma del Ministerio de Trabajo que, en su ambigüedad, le ofreció un ángulo a las patronales para que intenten eludir su aplicación en aquellos trabajadores que se encuentran teletrabajando como resultado de la pandemia. Con todo, la vigencia formal de la ley a partir del 1 de abril plantea una campaña específica para que los sindicatos, comisiones internas y delegados exijan el cumplimiento de sus aspectos progresivos en lo que hace a la garantía de instrumentos de trabajo y el costeo de los gastos extraordinarios.

La comisión, además de tomar resoluciones de lucha como el apoyo a la movilización de las trabajadoras de casas particulares del 15 de abril, entre otras, la de los familiares de víctimas del 17 de abril, fijó como rumbo la necesidad de construir y fortalecer agrupaciones clasistas capaz de desarrollar en cada gremio y a escala nacional una alternativa a la burocracia sindical que ha sido y es cómplice del gobierno y las patronales en esta verdadera reforma laboral silenciosa que avanza a la sombra de la pandemia.

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