El gremio de prensa no está ajeno a los despidos, suspensiones y rebajas salariales que están sufriendo una gran parte de las trabajadoras y los trabajadores del país, desde el anuncio de la cuarentena obligatoria.

La Revista Pronto, una de las más vendidas del país, impuso un cierre trucho, despidiendo a más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de prensa y gráficos. La verdadera finalidad de sus dueños, Eduardo Lerner y Abel Nahón es intentar armar una empresa paralela con personal precarizado para violar el Estatuto de Prensa y su Convenio Colectivo. Mientras la empresa que edita la revista de chimentos más vendida del país alega problemas económicos, acaba de ganar una licitación de casi 24 millones de pesos para imprimir miles de cuadernillos educativos y culturales que el Ministerio de Educación encargó en el marco de la pandemia.

Fue en medio de ese cierre y, con una enorme visibilidad del conflicto en las redes cuando tomo fuerza el reclamo general de prohibición de despidos y el gobierno lanzó un DNU con enormes limitaciones que no frenó este brutal ataque en medio de la cuarentena, como lo demuestran los casi 1500 despidos en Techint, la brutal represión a los trabajadores del frigorífico Penta, las rebajas salariales en centenares de empresas y locales de comidas rápidas y el no acatamiento por parte de los dueños de la revista de la conciliación obligatoria que mantiene a los trabajadores sin tareas.

A esto se le suma el agravamiento del pago en cuotas en Diario Popular. La empresa anunció un pago único de 5 mil pesos para el mes de marzo. Esa política hambreadora fue complementada con una grave persecución sindical: la asamblea resolvió un paro rechazando esa modalidad de pago y su dueño Francisco Fascetto, anunció que aquellos que se plegaron no percibirán ni siquiera esa suma miserable de 5 mil pesos.

En América TV/A24 también se anunció el pago en cuotas, al igual que en C5N donde los trabajadores repudian el doble discurso de la patronal kirchnerista que denuncia las rebajas salariales al aire y somete a sus trabajadores al pago en cuotas de sus salarios pulverizados por años de congelamiento salarial. En Editorial Atlántida continúa esa modalidad de pagos a cuenta gotas y, además, no se están pagando los feriados ni las horas extras.

En Perfil no les pagan a los colaboradores desde hace 6 meses y, ahora, aprovechando el teletrabajo promueven una adaptación de los regímenes laborales a las necesidades de la web que incluyen el alargamiento de la jornada de trabajo a 7 horas. En el oficialista Página 12 la cuarentena puso de relieve la difícil situación de un gran número de trabajadores precarizados que, con la imposibilidad de salir de sus casas, el cese de actividades en la mayoría de los rubros, el cierre de fronteras y demás situaciones de excepcionalidad significan la reducción del volumen de su trabajo y, por ende, de su salario, habiendo incluso compañeros que redujeron sus ingresos a cero.

En La Prensa, donde no hay comisión interna, la patronal hizo firmar a los trabajadores un acuerdo individual con el cual aceptan cobrar el 50% del salario por tres meses, abril, mayo y junio. La mayoría firmó en disconformidad.

En Mar del Plata, a 231 trabajadores y trabajadoras del multimedio La Capital S.A., propiedad de Aldrey Iglesias -el mismo dueño de la Prensa y de La Voz de Tandil- se les pidió que aceptaran “voluntariamente” cobrar el 50% de sus sueldos en los próximos dos meses y reducir las jornadas laborales a la mitad amenazando con que, en caso de no aceptar “voluntariamente” el acuerdo, podría obligarlos a aceptar la reducción horaria, o iniciar suspensiones por 75 días sin goce de sueldo para un 15% del personal. En La Voz de Tandil, directamente depositaron un 50% del salario sin ningún anuncio previo.

En el diario El Litoral de Corrientes los trabajadores denuncian que aún no percibieron sus salarios del mes de marzo ni el aumento de emergencia establecido por decreto presidencial en enero. Además aseguran que la patronal no garantiza las condiciones sanitarias mínimas para el ejercicio de la profesión así como una brutal sobre carga de tareas luego de los despidos (entre ellos los de un delegado) que se produjeron el año pasado.

La lucha siempre garpa

En Radio Metro empresa líder en el sector, la patronal decidió unilateralmente pagar un porcentaje de los salarios. Sin embargo, la incipiente organización gremial resolvió un paro reclamando el pago de la totalidad del salario que llevó a la empresa a comprometerse, mediante un acuerdo firmado, a pagar la totalidad del salario aunque en dos cuotas.

La comisión interna de El Cronista, logró en medio de esta situación defensiva del gremio, que se reconozca el jueves santo como feriado y se perciba un compensatorio para las y los que trabajen. La clave de esta conquista fue la realización de una asamblea, en este caso virtual, que reconstruyó el tejido gremial y la unidad “física” de los trabajadores, llegó a todas partes y conquistó la reacción de algunos editores que protestaron ante las autoridades.

Un camino similar tomaron los trabajadores de Telefé que realizaron una asamblea masiva de trabajadores de prensa en forma virtual para empezar a poner un límite a los abusos patronales que empiezan a surgir entre los trabajadores del SAT.

Trabajadores pobres y patronales ricas

En el gremio de la precarización laboral, a esta brutal ofensiva en los medios de todo el país se le suma la enorme problemática que están atravesando los medios alternativos y recuperados por sus trabajadores que, al igual de la mayoría de las cooperativas, no consiguieron ninguno de los paliativos que largó el gobierno. Lo mismo la de las y los trabajadores precarizados (monotributistas) que, en su mayoría, no están recibiendo respuesta por parte del gobierno para poder cumplir con la cuarentena obligatoria con salario alguno.

Lo mismo ocurre con el inmenso atraso salarial, el no cierre de la paritaria de 2019 y los salarios de pobreza que atraviesan al gremio. En los hechos se trata de una reducción salarial por adelantado del 50% en favor de las patronales a quienes, a diferencia de la mayoría de los sectores económicos, la crisis generada por la pandemia les ofrece una oportunidad única para incrementar sus ganancias. Ratings y audiencias sin precedentes, un enorme incremento de ingresos en las webs, el crecimiento de pauta oficial e incluso un repunte de la pauta privada.

Lejos de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, las empresas de medios aprovechan la crisis desatada para precarizar, evadir convenios, despedir y pagar los salarios en cuotas o reducirlos a la mitad. El gobierno ni siquiera ha dispuesto un pago extraordinario en apoyo a los trabajadores que se desempeñan en una actividad que ha sido incluida dentro de la esencialidad. Tampoco se ha dispuesto un plus para afrontar los gastos propios que implica el teletrabajo en los medios gráficos (luz, gas, internet, desgaste de materiales, café y refrigerios) ni para los gastos extraordinarios de movilidad segura para los trabajadores de TV.

La necesidad de un programa y un plan de acción

Necesitamos más que nunca una acción común en el gremio de prensa de todo el país para responder de manera conjunta a este atropello por parte de los dueños de los medios de comunicación. Para eso es necesario reconstruir en cada lugar de trabajo y a nivel nacional el tejido gremial desarticulado por la cuarentena.

Mediante asambleas virtuales por medios y sindicatos de base. Es momento para desenvolver, junto con la Fatpren, una acción de tipo nacional rechazando los despidos, el pago en cuotas, las rebajas salariales que permite el DNU del gobierno. Garantizando una respuesta para los trabajadores precarizados y los medios alternativos para que no seamos los trabajadores los que paguemos la crisis desatada por la pandemia. Exigimos al ministerio de Trabajo lo que es obvio: el reconocimiento inmediato y en carácter de emergencia del Sipreba como representante legítimo de los trabajadores y un laudo que lleve la paritaria 2019 al nivel de la inflación así como el bono extraordinario para los trabajadores esenciales.

Pero la envergadura de la crisis, además, obliga a que los trabajadores debatamos un programa de raíz que tiene que estructurarse alrededor del no pago de la deuda externa con el propósito de destinar todos los fondos disponibles a combatir el hambre, y garantizar la salud y la educación de la población y la nacionalización de la banca, las empresas energéticas y el comercio exterior para garantizar que esos recursos no se fuguen al exterior.