En el día de hoy, prestadores de salud mantienen una permanencia pacífica de la Agencia Nacional de Discapacidad, frente a la falta de respuestas del gobierno ante sus reclamos salariales y de condiciones de trabajo.

La agencia en cuestión y el Ministerio de Salud, responsables del nomenclador que rige el salario de los prestadores del rubro, establecieron para este año un 0% de aumento –contra una inflación prevista de más del 30%-, luego de haber dado tan solo un 5% para las prestaciones mayoritarias en 2017. Frente a esto, desde hace semanas los prestadores de salud se vienen organizando y movilizando por un aumento del 30% en todas las categorías, la recomposición salarial por 2017 y la paridad salarial entre trabajadores independientes y de centros de atención, entre otros reclamos.

Los directivos de la agencia se habían comprometido por escrito a una reunión, pero se ausentaron del organismo –lo que fue respondido con la permanencia.

Reproducimos el comunicado publicado previamente por los prestadores:

Vamos por el aumento del 30% para los prestadores en discapacidad

El gobierno nacional, en concurso con los gobernadores, está desarrollando un verdadero plan de guerra contra los trabajadores. Inflación, devaluación, paritarias a la baja, tarifazos. En la misma línea, el acuerdo con el FMI, lejos de ser una garantía, ya está impactando en un ajuste mayor. El reclamo del capital financiero incluye la reducción de gastos para los sectores claves como salud y educación, el congelamiento de la planta estatal y su reducción salarial, la quita de subsidios, entre otras.

Sin embargo, no estamos frente a un gobierno imbatible, sino a uno que viene de fracasar en su propia política. La crisis económica y la incapacidad para sortearla lleva a choques dentro de la propia base social del macrismo, favoreciendo variantes de recambio, y hasta choques dentro de Cambiemos, en relación a cuál es el mejor modo de llevar adelante el ajuste.

En el ámbito de los trabajadores que brindamos prestaciones en discapacidad, esto se traduce en dos vertientes. Por un lado, el proyecto de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Salud, con el fin de reducir los tratamientos que otorga el Estado para personas con discapacidad. Por el otro, el congelamiento salarial vergonzante para los trabajadores del sector. Este punto es tan grave que nuestro salario, regido por un nomenclador nacional fijado por el Ministerio de Salud y la Agencia de Discapacidad, recibió un “0%” de aumento este año, y un 5% de aumento durante 2017 para las prestaciones mayoritarias. Ni hablar de la precarización laboral del sector: pagos adeudados, relación de dependencia encubierta con monotributo, etc.

En simultáneo, se desarrolla un negociado para los sectores empresariales de la discapacidad, constituido por quienes regentean hogares y centros. Bajo la representación de sus respectivas cámaras empresariales, han firmado los aumentos del 0% y del 5% a cambio de jugosos beneficios y subsidios para sus establecimientos. 

Del mismo modo, las obras sociales, comandadas por diversas facciones de la burocracia sindical, reciben millones de pesos de subsidios para brindar tratamientos en discapacidad a sus afiliados. Sin embargo, este presupuesto está lejos de llegar a destino: las demoras en los pagos a los prestadores alcanzan un promedio de cuatro meses, permitiendo a la administración de las obras sociales retener el dinero, con un contexto inflacionario que agrava la situación.

Ante esto, los trabajadores que brindamos prestaciones en discapacidad (maestros integradores, psicólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, psicopedagogos, ATs, entre otros) nos venimos organizando y movilizando por nuestras condiciones laborales. En especial, por un aumento de acuerdo a la inflación y a la canasta familiar.

En las últimas semanas, hemos realizado asambleas y reuniones informativas, además de movilizarnos a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Ante estos organismos, entregamos un petitorio por aumento salarial, firmado por más de 2000 trabajadores del sector.

Tenemos el desafío de aprovechar el envión de estas movilizaciones, en unión con todas las luchas del movimiento obrero y de la pelea por el aborto legal, para torcerle el brazo al gobierno y hacer realidad nuestros reclamos.

Vamos por:

-Aumento del 30% para todas las categorías del nomenclador.

-Recomposición salarial a octubre de 2017 del 15%

-Paridad salarial entre las prestaciones de independientes y de centro. Igual salario por igual trabajo.

-Nomenclador normativo. Basta de descuentos.

Prestadores Precarizados SE