Romero se ha negado a firmar los acuerdos por los que se levantó el corte de rutas, lo que revela su disposición a violarlos. Esto produjo la inmediata reacción de los vecinos, que con su presión obligaron a los ministros a suscribirlos. Además, se negaban a aceptar veedores de los vecinos en las cuatro comisiones que se armaron para implementar los acuerdos en cada área.

También por presión de la gente, se logró imponer un veedor titular y uno suplente en cada comisión; a la fecha, sin embargo se viene bicicleteando la participación efectiva de los representantes que se eligieron el miércoles, cuando unas 300 personas volvieron a reunirse en Asamblea Popular. En esta asamblea volvieron a ser derrotados los intentos de dividir a la Comisión, por mérito de la intervención de los sectores combativos.

Los docentes, que el sábado anterior habían reunido la asamblea autoconvocada, también denunciaron el incumplimiento de los acuerdos, por el cierre de un grado en Piquirenda.

En la juventud hay también iniciativas para recomponer su Asamblea y extender la organización a todas las localidades del departamento.

El gobierno ha puesto en función a los interventores con la intención de recuperar la iniciativa política (por una semana la pueblada paralizó al gobierno) y eludir su responsabilidad en la crisis.

El PJ local se ha lanzado a conquistar a destacados activistas de la pueblada como candidatos, para ‘blanquearse’.

Desde el Frente de los Trabajadores se prepara un Encuentro Provincial de Trabajadores y la Juventud, para poner en pie una alternativa política de lucha para todos los oprimidos de Salta.