06/04/2020

Primero nuestras vidas, los puestos de trabajo, los salarios y las jubilaciones

El viernes 3 de abril, recién iniciada la segunda fase de la cuarentena, se agolparon en Olivos la Unión Industrial y la CGT.


Llevaron el mismo mensaje, apurar la salida de la cuarentena. O sea, sacrificar la salud de la población, en función de la “economía”, que bien leído es el bolsillo de las patronales.


De hecho, en los primeros días (y hasta hoy) en muchos lugares, el aislamiento se cumple por decisión de los trabajadores que se lo impusieron a las patronales como en las grandes fábricas cerveceras y tantas otras.


El gobierno ha cedido a las patronales, con sucesivos decretos de ampliación de áreas esenciales que no lo son, por ejemplo: exportación e importación, corralones, curtiembres, aserraderos, colchones, maquinaria vial, mutuales de crédito, etc.


Atacan la cuarentena porque no quieren, para pagar salarios, echar mano al capital acumulado, a sus tenencias financieras, a sus stocks o a sus capitales en el exterior. Tengamos en cuenta que muchas de estas actividades están dominadas por grupos económicos, muy lejanos a las Pymes.


Paremos la ola de despidos y suspensiones


Por eso han acuñado un curioso argumento: como el 13 de abril habrá que salir progresivamente de la cuarentena, empecemos ahora, contra la opinión de todos los epidemiólogos e infectólogos.


Pero las patronales (y la burocracia sindical) no sólo fueron a Olivos.


Han desatado una ola de despidos, antes y después del decreto de prohibición de despidos. Techint fue solo la punta de un iceberg, echaron 415 mineros en Río Turbio, otros 800 en la minera Livent, 745 en la metalúrgica Mirgor de Río Grande y, así, miles de compañeros. Y esto sin contar los miles de trabajadores y trabajadoras informales, cuentapropistas, del servicio doméstico, trabajadores de la cultura y el arte, que se han parados, recibiendo sólo el bono de $ 10.000 por única vez.


El propio Gerardo Martínez admite que estamos ante la pérdida a corto plazo de 100.000 puestos solo en la construcción. Acaba de cerrar, en plena cuarentena, la gráfica Ipesa y la editorial de la revista Pronto.


Estos ejemplos muestran que el decreto de prohibición de despidos llegó tarde, mal y con trampas.


Mal porque la patronal que despide igual solo enfrentará un juicio a largo plazo, no hay garantía de estabilidad laboral, como tuvo la ley antidespidos que vetó Macri en 2016. Permite a las patronales despedir “con causa” habilitando maniobras como la de Dánica que despidió trabajadores “por negarse a hacer horas extras” citando a la LCT. Tarde porque debió proteger desde el 29 de febrero. Y tramposa porque habilita las suspensiones con rebaja salarial “acordada por las partes”. Agregamos que la prohibición de despidos debería ser, por lo menos, hasta fin de año.


Esto abrió un reguero de suspensiones al 50/60/70 del salario. Contrariando la letra (muerta) del decreto presidencial inicial de cuarentena que reza “pago integral de los salarios”.


Por otro lado, se suceden convocatorias a trabajar de todo tipo color y pelaje, violentando la cuarentena bajo amenaza de despidos.


La burocracia sindical es cómplice


De esto los medios no hablan, porque la burocracia sindical es cómplice.


Ninguna de las centrales levanta la voz, están “estatizadas”, siguen a las patronales y al gobierno, nunca a los trabajadores, que deben tener cuarentena, salarios, estabilidad laboral y seguridad e higiene cuando son tareas esenciales.


El Estado debe garantizar los salarios de todos los trabajadores. Obligando a las patronales, abriendo sus libros y, en ocasiones, asumiendo parte o la totalidad de ellos. Lo que ha hecho es proponer un dudoso endeudamiento, que las patronales evitan descargando directamente la crisis sobre los trabajadores con rebajas


En cuanto a las Pymes la asistencia proviene del Anses. Un nuevo robo a los jubilados. Lo rechazamos, esos recursos tienen que provenir de la anulación unilateral de todo pago de la deuda externa que se ha seguido pagando puntualmente, durante cada día de esta dramática emergencia, mientras faltan los fondos para salud y para los trabajadores. Por otro lado, de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, personales y empresariales. No alcanza con decir “que ganen menos”. La lógica del capital y de los bolsillos de los capitalistas es implacable.


Para pagar la deuda emitieron billetes. Es inconcebible que en medio de la pandemia se mantenga una emisión monetaria sideral con ese objeto, mientras pasan hambre millones de argentinos y mientras los propios trabajadores de la salud se piden refuerzos para hacer frente a las necesidades sanitarias.


Con esos recursos planteamos asistir con un seguro de $30.000 a los 11 millones de trabajadores sin cobertura ninguna, por estar en negro, ser cuentapropistas o desocupados. Lo mismo las compañeras trabajadoras en casas de familia.


Mientras tanto los precios de los alimentos han seguido aumentando.


En lo referente a la salud, el Presidente cedió también a los lobbies de las prepagas y de la burocracia sindical, imbricada en sus negocios: vetó una propuesta de centralización del sistema de salud público, privado y de obras sociales, que propuso Ginés González, en la dirección de lo propuesto por nuestro movimiento.


Nuestras propuestas


Los dirigentes sindicales, delegados y agrupaciones que integramos la Coordinadora Sindical Clasista llamamos a organizarnos a como dé lugar. Eligiendo comisiones obreras y/o revocando delegados que no actúen, en todos los lugares donde hay actividad y organizando mecanismos on line, en el resto.


Así lo han hecho los sindicatos combativos que garantizaron la cuarentena en la docencia, en el neumático, en metalúrgicas y gráficas. O quienes defendieron las condiciones de higiene y exigieron los elementos faltantes, en hospitales públicos y privados, como el Italiano.


Nos organizamos por abajo, pero exigiendo una respuesta de conjunto.


Que las centrales, rompan con el colaboracionismo patronal y gubernamental.


Más temprano que tarde, los propios trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos la defensa de la salud, los puestos de trabajo, los salarios y las jubilaciones.


Proponemos:


*Prohibición de despidos por ley, con garantía de estabilidad laboral hasta fin de año. Con vigencia desde el 29 de febrero. Reincorporación inmediata de todos los despedidos.


*Estatización de toda empresa que cierre, garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores.


*Garantía estatal de pago integral de salarios en la cuarentena. Actualización automática de acuerdo al costo de vida. Respeto de cláusulas paritarias preexistentes.


*$30.000 para todos los trabajadores y trabajadoras informales, cuentapropistas, de casas de familia y desocupados. Intangibilidad de los fondos del Anses. Aumento de emergencia a jubilados y planes sociales.


*Centralización del sistema de salud. Ampliación de la planta del personal de salud, pase a planta de los contratados, aumento de emergencia ante la exigencia de la pandemia.


*Discusión del cronograma educativo en paritarias con las organizaciones docentes.


*No pago de la deuda externa, en dólares y en pesos, de jurisdicción local y extranjera, con excepción de los bonos en manos del Anses.


*Por un impuesto progresivo a las grandes fortunas. Por la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores.


Coordinadora Sindical Clasista


6/4/20



 

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