El anuncio del lanzamiento del nuevo plan ProCreAr ha generado muchas expectativas en el sector de la construcción y está siendo muy difundido por el gobierno, con gran esmero. Lo cierto es que no pasan de ser microcréditos que no resuelven los problemas del déficit habitacional y la crisis que acontece en el gremio de la construcción por la caída en picada del empleo -150 mil puestos perdidos en el año-, producto de la crisis económica, agravada por la pandemia del Covid-19.

El programa, en resumidas cuentas, plantea otorgar 120 mil créditos de $50.000 para mejoramientos de viviendas; 70 mil para mejoramiento y refacción de viviendas divididos en tres líneas ($100.000, $250.000 y $500.000); a esto se suman 44 mil viviendas nuevas, que se dividen en 30 mil que se construirán en terrenos propios o municipales, desarrollos de viviendas multifamiliares, con las que se pretende dar solución para 4 mil viviendas,  y 10 mil viviendas que se construirán en predios del ProCreAr. También se adjudicarán 10 mil lotes con servicios a través de créditos.

Hay que tener en cuenta que el gobierno se vale de la precarización y los bajos salarios que se pagan a los obreros de la construcción y que está encuadrado en el marco de los planes Argentina Trabaja y Argentina Hace, los que suman más precarización a un gremio por demás golpeado, ya que permite que realicen obras organizaciones sociales y cooperativas.

Para dar una idea de lo escaso del programa, si partimos los 25 mil millones en dos –mitad que se suele destinar a manos de obra-, haciendo cuentas generales, y tomando en cuenta un salario promedio a nivel nacional de $50.000 (con aportes sociales) tenemos que en seis meses se puede dar trabajos a unos 40 mil empleados. Si tenemos en cuenta la caída del empleo registrado en 150 mil puestos, es muy marginal.

Por otro lado,  tememos un déficit habitacional en el país de tres millones de viviendas (entre viviendas nuevas necesarias y viviendas a reacondicionar): los menos de 300 mil créditos tampoco se aproximan a dar una solución al problema.

Necesitamos un plan integral de vivienda que de soluciones concretas, planificado y organizado por los trabajadores. Que el salario mínimo en la construcción sea acorde a la canasta familiar, hoy de $75.000. Los recursos para poner en marcha el plan habitacional tienen que salir de un impuesto a las grandes fortunas, cajoneado por el oficialismo y la oposición en el parlamento, y con el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los recursos y la banca.

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https://prensaobrera.com/sindicales/construccion-el-empleo-en-picada/