La irrupción del programa de “servidores urbanos” en la escena cordobesa cobra una dimensión que preocupa a los municipales de planta de la capital de la provincia.

Se trata de monotributistas y de trabajadores nucleados en cooperativas que han sido colocados por la gestión de Martín Miguel Llaryora en diferentes puestos laborales aprovechando la cuarentena. Con diferentes niveles de formación educativa y capacitación profesional, cumplen funciones que corresponderían normalmente a trabajadores de planta. El objetivo de esta incorporación es bajar el costo laboral, ya que recibirían un salario equivalente al IFE ($10.000) para aquellos que desempeñan tareas de menor calificación y de hasta $40.000 para los más calificados. Sin embargo queda claro que, con independencia de la cantidad y de la remuneración percibida, con la medida se apunta al corazón de la estabilidad y de los derechos laborales condensados en el convenio municipal.

Los trabajadores precarizados portan chalecos celestes, en clara alusión al cambio de signo político de la gestión y al marketing desplegado para evidenciarlo. Este uniforme los distingue, habilitando la circulación sin inconveniente por la ciudad. Sin embargo, no hay para ellos ninguna garantía de distanciamiento ni protocolo de bioseguridad. Los menos calificados realizan tareas de barrido y señalización de la vía pública, desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes; los monotributistas de mayor calificación han sido colocados en lugares estratégicos vinculados a tareas contables, control de personal y de recursos humanos. El escándalo por la contratación de 42 abogados para desarrollar tareas operativas bajo la figura de “promotores de convivencia” ha puesto de manifiesto la contradicción entre el discurso de austeridad con que argumenta el municipio y la contratación discrecional de planta política. Los promotores reemplazarían a los inspectores de tránsito, labrando actas de infracción documentadas a partir de cámaras colocadas en la vía pública.

La ofensiva del intendente es enorme: atacando a los municipales ataca de conjunto a la clase obrera. Lo hace valiéndose de ordenanzas que han sido votadas por sus concejales, pero también con la complicidad del arco opositor -con la excepción del Frente de Izquierda. En diciembre, el Concejo habilitó superpoderes para proceder a un “reordenamiento” de los proveedores -un paso necesario para acomodar a sus propios asociados al frente de las concesiones de obras, bienes y servicios-; y marchar hacia una “racionalización” del gasto público en áreas que no sean consideradas primordiales –un eufemismo utilizado para proceder al recorte presupuestario y de personal. En febrero, creó la figura del promotor de convivencia, y en mayo efectivizó el recorte de salarios vía reducción de la jornada laboral.

La precarización pretende constituirse en una política de estado y un ataque de conjunto a la clase obrera: el mensaje por elevación es “el Estado no garantizará derechos ni contraerá obligaciones”, por lo que el presente y el futuro de los trabajadores correrá por nuestra propia cuenta. Mientras para los municipales rige una cuarentena que los “preservaría” de la pandemia -mientras se procede a violentar todos y cada uno de sus derechos laborales-, a los precarizados se les habilita un trabajo sin ninguna garantía sanitaria ni a de estabilidad. Quienes nos gobiernan pretenden que aceptemos este avasallamiento que significa  “pan para hoy, hambre para mañana”. A los únicos que se garantiza el pan para siempre es a los empresarios y poseedores de deuda pública, mediante un proyecto de ley que sancionará la “sostenibilidad de la deuda pública” -a costa, claro está, de la liquidación de todas y cada una de las conquistas del movimiento obrero.

El estado de alerta y movilización que recorre a los trabajadores municipales debe direccionar la movilización al rechazo de todas las medidas anti-obreras en curso, preservando hasta el último puesto de trabajo y defender férreamente el salario, una de las mayores conquistas de los municipales movilizados.