Con su lucha, trabajadores contratados de programas nacionales acaban de arrancar al ministro de Educación bonaerense saliente, Gabriel Sánchez Zinny, el pago de sus salarios adeudados de octubre y los fondos para los de noviembre.

Se trata de un número importante de contratados del Programa Areya, que desempeñan las mismas tareas que el personal de planta permanente, pero cuentan con menor estabilidad laboral y son de los más precarizados por parte de las autoridades provinciales, quienes se escudan en que “no dependen de su órbita”.

La organización y victoria de esta pelea es obra de los trabajadores junto a la Junta Interna de ATE Educación, que realizaron para ello asambleas por sector y una movilización a la sede del ministerio. El compromiso se efectivizó ayer, en el cuadro de cambio de autoridades. Sin embargo, los contratados continúan en estado de alerta, ya que aún deben cobrar los salarios de noviembre y un sector numeroso cuenta con un mes de atraso.

Los fondos fueron desembolsados desde Nación en concepto de “reposiciones de fondos provinciales”, lo que refleja que las autoridades ministeriales usaron los fondos originales destinados para estos salarios a sus “arqueos de caja”.

La lucha

Se trata de un logro importante, teniendo en cuenta tanto los métodos con los que se consiguió como la situación general en la que se enmarca.

La rápida reacción de los trabajadores y las asambleas y movilizaciones permitieron superar los intentos de contención de todas las burocracias y corrientes sindicales del Ministerio de Educación, que ya desde antes de agosto boicotearon toda asamblea y medida de lucha con el argumento de que la única tarea era garantizar la victoria de Alberto Fernández -dejando pasar así el ajuste y el congelamiento de los pases a planta de nuestros compañeros. Y que ahora se han integrado sin reparos al gobierno de turno. En contraste, quienes mantenemos la independencia política y autonomía de la Junta Interna fuimos impulsores de esta lucha.

Este paso adelante es un envión para preparar a los compañeros precarizados frente al riesgo de cortes de contratos. Su continuidad laboral será garantizada con nuevos episodios de lucha, que deberán seguir hasta lograr los pases a planta de los más de 750 precarizados. Estos recamos, junto con el aumento de salario y blanqueo de las sumas en negro, son los prioritarios a exigir a la nueva ministra, Agustina Vila.

Estas reivindicaciones no pueden esperar, y su defensa irrestricta plantea la independencia de los trabajadores frente a todos los gobiernos.