Hace casi una semana que los trabajadores del Puerto de Buenos Aires protagonizan un bloqueo de contenedores en el ingreso de las terminales, ante el intento de liquidar sus derechos laborales en medio de la crisis de licitación de Terminal 5 y la reestructuración privada del puerto.

Resulta que el próximo 15 de mayo vence el plazo para la salida de la operadora de la Terminal 5 del puerto, la empresa Bactssa, sin que aún se hayan estipulado las condiciones del ingreso del personal a las dos empresas restantes (APM Terminals y TRP).

Las patronales, con el amparo del gobierno a través de la Administración General de Puertos, reclaman absorber el personal de Terminal 5 con una liquidación total de sus derechos, reconociendo a todo el plantel bajo modalidad de trabajadores discontinuos, en empresas tercerizadas: es decir, un recorte brutal de salarios y derechos adquiridos.

Esto ha despertado la reacción de la base obrera, desde donde ya se han protagonizado distintas acciones, como otros bloqueos e incluso un paro en Terminal 5. La iniciativa obrera también se destaca ante la quietud y complicidad de las direcciones sindicales. La Fempinra y el Supa no han movido un dedo hasta el momento, quitándole el cuerpo a todas las acciones y amparándose en una “interna gremial”.

Lo cierto es que a pesar de las diferencias y quiebres que existen en el Puerto de Buenos Aires, lo que está planteado es una ofensiva contra el conjunto de los trabajadores portuarios. No solo porque la precarización masiva de un tercio del personal total el puerto será el pretexto para hundir las condiciones laborales del resto de los trabajadores, sino porque lo que ocurre en Terminal 5 es el ensayo de lo que tratarán de imponer las patronales en 2022, cuando caduquen las concesiones restantes.

Se trata de una ofensiva general contra los trabajadores, que tiene su antecedente en el planteo de Macri de la licitación de una sola operadora portuaria, y que con Alberto Fernández se transformó en el proyecto de dos operadoras, con ajuste mediante.

El Estado que debería utilizar la caducidad de las concesiones para imponer condiciones a las patronales en los pliegos de licitación, actúa como un aliado de las empresas, ausentandose de las reuniones y dejando hacer a las patronales multinacionales para que estas se impongan. Cuando las cosas se ponen más picantes, desde el gobierno acuden con sus fuerzas represivas, como ya ha ocurrido con la Prefectura Naval.

Desde sectores como la Agrupación Clasista Naranja Portuaria vienen alertando de esta situación y reclamando la convocatoria a una acción general, un paro de las terminales portuarias, por parte de los gremios implicados, hasta obtener garantías del reconocimiento de todos los derechos y condiciones laborales más ventajosas para los trabajadores de Terminal 5. Junto a asambleas intergremiales y un plan de lucha por la efectivización del conjunto del personal de T5 y un cronograma de pase a planta para todos los tercerizados del Puerto de Buenos Aires. Viva la lucha de los portuarios.

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