Un asamblea general masiva resolvió el paro de actividades de carga y descarga de un barco recién arribado a la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, exigiendo la continuidad laboral y el pase a planta de los 600 trabajadores, ante el fin de la concesión de la empresa Bactssa a cargo de la operatoria portuaria de dicha terminal.

El paro de actividad fue impuesto desde la base, con la participación de trabajadores de distintos gremios del puerto, como guincheros, apuntadores, marina mercante (todos gremios que integran la Fempinra) y del Supa; la firme respuesta obrera se produce ante la enorme incertidumbre por sus puestos de trabajo, y cuando se acerca la fecha de fin de concesión, el próximo 15 de mayo.

Justamente ayer se conoció el rechazo que recibió la empresa Bactssa, en el ámbito de la Justicia, frente a su reclamo de extensión de la concesión.

La jornada de ayer comenzó con cortes y asambleas impulsadas por un sector “disidente” de guincheros, liderado por el secretario adjunto Daniel Amarante, que hasta hace muy poco era parte del oficialismo del gremio. Sin embargo, las asambleas fueron el ámbito de deliberación de los trabajadores, donde la base concluyó en la necesidad de parar y así se resolvió unánimemente, debido a que éste barco puede ser el último antes de terminar la concesión.

Dicho esto, y mientras los gremios se mantienen al margen del conflicto, se plantea la necesidad urgente de una acción de todo el puerto, incluidas las otras terminales, debido a que la patronal intentará descargar y cargar el barco en alguna de ellas.

Un plan de ataque a los trabajadores

La “reorganización” privada del Puerto de Buenos Aires que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Administración General de Puertos (AGP), busca mejorar la rentabilidad de las empresa sobre la base de un ataque a las condiciones de trabajo, a la vez que favorece la concentración capitalista de un botín muy codiciado que factura en dólares, como es el puerto.

La eliminación de la operadora Bactssa reducirá la operatoria a solo dos empresas (APM Terminals y TRP), poniendo en riesgo 600 puestos de trabajo. El “compromiso” de continuidad de ese personal sería a cargo de dos empresas tercerizadas, Gestión y Dompra, y no de las operadoras. De este modo, más de 400 trabajadores de Terminal 5 que hoy están en planta permanente pasarían a condición de tercerizados, viendo afectada la estabilidad laboral y con una reducción salarial que va del 30% al 60%.

Este ataque debe ser rechazado por todos los trabajadores del puerto, ya que es un antecedente y un adelanto de los planes que el gobierno tiene para el 2022, ya que una eventual renovación o el cambio de las operadoras podría implicar los mismos desmanejos y más precarización laboral.

Asamblea general y plan de lucha de todo el Puerto de Buenos Aires

La fuerza y unidad en la acción de todos los trabajadores del puerto puede frenar este avasallamiento y lograr la continuidad laboral de todos los trabajadores de Terminal 5.

La Fempinra y el Supa deben romper con un gobierno que solo trae perjuicio a los salarios y las condiciones de trabajo.

Está planteado que se realice una asamblea general de todos los gremios de la Fempinra y el Supa, que resuelva un plan de lucha de todo el gremio, por los 600 puestos de trabajo, el reconocimiento de la antigüedad y derechos adquiridos de los trabajadores de T5, y por todas las reivindicaciones de los portuarios, como son el pase a planta de todos los trabajadores –con un 40% de tercerizados-, la equiparación salarial y la defensa del salario.

Este avance flexibilizador y contra el salario no es un caso aislado, sino parte de un plan del gobierno de los Fernández contra los trabajadores del sector privado y estatal, al momento que intenta cerrar un nuevo acuerdo con el FMI que será más ajuste.

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