Cuando el gobierno nacional, por medio de la Administración General de Puertos (AGP), se aprestaba a pisar a fondo el acelerador de la retirada forzada de la empresa Bactssa y la transición camino a un puerto de dos operadoras, la Justicia ordenó postergar la salida de la operadora portuaria de Terminal 5 por seis meses, entorpeciendo el plan de ajuste del gobierno sobre 800 trabajadores.

Con un fallo de la Sala IV de la Cámara contencioso Administrativa Federal, la Justicia ordenó otorgar una medida cautelar a la empresa Bactssa que posterga por seis meses la celebración del inventario y constatación del estado de obras de la licitación vencida, último paso para concluir la operatoria de la empresa y requisito necesario para la liberación de la Terminal 5 y la transferencia del personal a las operadoras restantes.

Recordemos que el gobierno nacional precipitó la caída de una de las tres concesiones portuarias con el objetivo de achicar la operatoria a dos empresas (APM Terminals y TRP), con un ajuste brutal contra los trabajadores, que implica la tercerización del conjunto del personal conveniado –unos 400 trabajadores perderían la condición de efectivos-, 200 despidos, desconocimiento de derechos adquiridos, jubilaciones anticipadas y retiros “voluntarios”, entre otras cosas.

La patronal de Bactssa, perdidosa en las negociaciones, inició acciones en la Justicia para retener su negocio, alegando una discriminación y la aplicación de un criterio arbitrario por parte del Estado, de la que el último resultado es esta medida cautelar, a la espera de un fallo de fondo respecto a la prórroga o no de la licitación de Terminal 5 en manos de Bactssa.

En el medio de esta disputa patronal, los trabajadores de Terminal 5 desplegaron una intensa lucha, con piquetes y bloqueos, para enfrentar la ofensiva ajustadora del gobierno, reclamando el respeto de los puestos y condiciones de trabajo. Lo hicieron desde su propia organización, con su cuerpo de delegados y autoconvocatorias de activistas, ante la inacción y entrega de las direcciones sindicales de la Fempinra y el Supa, que firmaron todo lo que el Estado les puso frente a sus narices.

La burocracia sindical justificó esta entrega histórica con un precario bono, en cuotas mensuales, cuyo dinero se financia con los negocios que han acaparado las patronales restantes ante la salida de Bactssa. Sin embargo, esto las ha ubicado en un lugar de desprestigio sin precedentes y de un fuerte rechazo de las base sobreras, en un puerto que, de consumarse el plan del gobierno, pasaría a tener mayoría de trabajadores tercerizados y precarizados.

El gobierno de Alberto Fernández carece de todo sustento moral para justificar sus acciones en el puerto. Lo que fue presentado como una cuestión “administrativa” no es más que un ataque en regla a todos los trabajadores (los de Terminal 5 y el resto), que verán deprimidas sus condiciones y salario, de prosperar esta línea. A tal punto resulta una impostura, que a los pocos días de sellada el acta con la burocracia entreguista, el gobierno resolvió una nueva prórroga hasta el 2024, postergando nuevamente la licitación vencida durante el macrismo.

El fallo obtenido por Bactssa plantea una nueva situación de incertidumbre hasta que se resuelva el problema de fondo, posiblemente sin barcos y con los salarios al mínimo posible. Pero advertimos que tampoco representa una salida de fondo para los trabajadores: Bactssa quiere ser parte de la disputa por el esquema que el gobierno ahora le ofrece a APM Terminals y TRP, de ninguna manera es socia de los trabajadores.

Como la Naranja Portuaria ha remarcado durante todo el conflicto, necesitamos una respuesta colectiva de los trabajadores, con un plan de lucha independiente, discutido y votado en asambleas, para garantizar el conjunto de los puestos de trabajo, las mejores condiciones de convenio y evitar que se consume un ajuste brutal sobre las espaldas de los trabajadores portuarios.