El martes 26 Cavallo anunció el de­creto de desregulación portuaria 817/82 que suspende 22 convenios laborales de trabajadores de la estiba, marítimos, con­ductores navales, prácticos, administración de puertos etc. También elimina todo tipo de reglamentaciones en relación a estibaje, carga y descarga, practicaje y dotación de barcos, tanto para el transporte fluvial como marítimo.

El largo articulado deroga las cláusu­las de ajuste de salarios y viáticos; de dota­ciones mínimas (manos) para el estibaje; los regímenes de estabilidad y pago de salarios de lapso menor a la quincena; la obligación de tener delegados gremiales en las dotaciones; la obligación de contratar personal nacional en los barcos; la obliga­ción de capitanes y patrones de contratar servicios de prácticos y de remolque. El decretazo declara el “vale todo” en la acti­vidad portuaria afectando, fundamental­mente, conquistas históricas de miles de trabajadores.

El objeto declarado es “reducir los costos” patronales en la estiba y en los fletes y hacer más interesante la privatiza­ción de ELMA y de los propios puertos nacionales. “El nuevo criterio... determi­nará una depuración del padrón de esti­badores que actualmente alcanza a 3100 en el puerto metropolitano”. “La desre­gulación obligará a que el gobierno, los empresarios y el gremio acuerden un esquema de retiro voluntario...” (Nación, 29/5). La liquidación de la Administración General de Puertos afectará a 2800 agen­tes.

La urgencia

La '“precipitación” y la “desprolijidad” del decretazo (se anticipó en horas al debate parlamentario sobre la ley de puer­tos) fueron “explicados “por la urgencia del gobierno por descomprimir las presiones de los exportadores y para violentar los pro­cedimientos constitucionales, ya que el proyecto de ley de privatización portuaria no contempla la modificación de los regímenes laborales. Las medidas fueron saludadas por las empresas que monopolizan el esti­baje; “es un gesto de audacia mayúscu­la”, opinó un directivo de Murchison (La Nación, 29/5).

Las nuevas disposiciones permiten a las empresas operar su propia carga y descarga y a los armadores superexplotar a las tripulaciones. Sin embargo, no mejorará el comercio exterior. M...la intención de re­ducir los pesados costos portuarios es ponderable, pero no alcanza para remon­tar el estancamiento en el que se encuen­tran las exportaciones” (Clarín Económi­co, 31/5).

Desorganizar a los trabajadores

Una serie de medidas previas prepa­raron esta ofensiva patronal. Afines del año pasado se dispuso el cese provisional de banderas, lo que permitió despidos masivos de trabajadores del SOMU de buques ar­gentinos (Astarsa, ELMA, etc.) y su reem­plazo por personal extranjero en condicio­nes semi-esclavas.

Dos semanas atrás, el despido de mil estibadores afiliados a SUPA que lucha­ban por la reimplantación del pago diario desembocó en una declaración de ilegali­dad de parte de la justicia. En el Ínterin, el viejo burócrata Loza logró “retomar” al puerto (donde estaba vedada su entrada por el repudio de la estiba) como mediador del conflicto. Los portuarios declaran que “la reincorporación no garantiza el trabajo, si no te ponen en el listado de la com­putadora nadie te contrata”. Con golpes y apretadas se busca crear las condiciones para el futuro retiro “voluntario”.

Por la derogación del decretazo

La burocracia de los gremios portua­rios, ha convocado, con el auspicio de la CGT Parque Norte, a una marcha el 2/6 y un paro de 24 horas el 4. El objetivo de la movilización es harto limitado “... parecería haberse llegado a un principio de acuer­do que establecerla que la pérdida de vigencia de los convenios sería provisio­nal” (La Nación, 28/5). “La propuesta de los diputados cuestionadores es modifi­car el decreto para poner un límite que determine el plazo máximo hasta donde vaya a extenderse la negociación colec­tiva que se abre luego del cese de los convenios” (Clarín, 28/5). La estrategia de la burocracia es la participación en la Ley de privatización de puertos, que ya tiene quórum de la UCR y apoyo de la Ucede; y la renegociación de los convenios.

Pero con la vigencia del decretazo 817/92 cualquier discusión convencional está totalmente condicionada por las reglas de Cavallo y Menem. No, la lucha debe ser por la derogación del decretazo.

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Puerto, último momento

Minutos antes del cierre de nuestra prensa nos informan que 74 delegados de la estiba opositores al locismo fueron despedidos a partir del 2/6/92. Hace dos semanas, al comenzar la lucha por el pago diario despidieron a 1.066 estibadores de manera totalmente arbitraria, que luego fueron reincorporados, pero después de lograr frenar la lucha por el pago diario. Seguido a esto aparece el decretazo 817/92 que revienta el convenio de un plumazo, ahora se ataca al sector combativo de los delegados. La patronal es consciente de que para hacer pasar el plan de súper-explotación (llamado flexibilización laboral) hace falta desorga­nizar y desmoralizar a los trabajadores.

A la marcha convocada por los sindicatos portuarios y marítimos asistieron solamente unos 300 trabajadores de los distintos sectores sindicales, a pesar de la bronca reinante. La marcha no fue organizada ni hubo interés en impulsar una participación masiva. Muchos compañeros marítimos nos informaron que los “delegados” no bajaron para asegurar la marcha... incluso durante la marcha algunos delegados no oficialistas fuero hostigados para que se retiraran.

Para el 4 de junio se declaró un paro nacional de Portuarios y Marítimos, pero no se sabe si la burocracia lo levantará.

Corresponsal - Retiro

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Altamira en el puerto

Jorge Altamira estuvo recorrien­do una parte del puerto, el martes 2, ocasión que aprovechó para explicar la posición del PO frente al Decretazo que deroga 22 convenios laborales y plantea la privatización del puerto. Altamira de­nunció la cifra irrisoria de valuación de Elma, con vistas a su privatización (20 millones de dólares) y advirtió que el gran negocio de las privatizaciones en el puerto consiste en la posibilidad que ofrece a los pulpos exportadores e importadores para evadir impuestos y valerse del contrabando. Altamira de­nunció que los puertos privados facilitan el tráfico de drogas, un comercio que ocupa el segundo lugar después del armamentismo. Altamira denunció a esta privatización como un Crimen de Lesa Humanidad.

A la charla siguió un debate con una treintena de compañeros dentro de los talleres de Elma, donde los compa­ñeros discutieron cómo romper la impase en que los colocó la capitulación de la burocracia frente al gobierno. Altamira al final del debate fue invitado a repetir esta charla más adelante.

Corresponsal Retiro