Hace ya tres días que en la ciudad de Puerto Deseado (Santa Cruz) se viene desarrollando un nuevo episodio de lucha por parte de las y los trabajadores de las plantas pesqueras sindicato de la Industria de la Alimentación. Con cortes y acampes en los cuatro accesos que tiene el parque industrial, reclaman por una inmediata recomposición salarial, que vienen exigiendo desde hace ya cuatro meses sin respuesta alguna.

Las empresas argumentan que la situación de crisis de producción y exportación, en el marco de la pandemia, imposibilita una mejora salarial para lxs trabajadorxs del sector. Lo cierto es que, como manifestó un delegado de una de las empresas, los operarios pesqueros son los peor pagos dentro de la cadena productiva: uno con 10 años de antigüedad y 45 horas semanales de trabajo ronda los 35 mil pesos de sueldo mensual (Mar y Pesca, 23 de junio). Un monto especialmente escaso cuando se lo contrasta con el costo de la canasta familiar en Santa Cruz.

El Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Martha Yáñez, inició el trámite de imputación a los sindicalistas del gremio de la Alimentación de Puerto Deseado por el delito de “violación de medidas de propagación epidemiológica” (La Opinión Austral, 24 de junio). Se trata de una excusa para atacar la movilización, ya que dentro de las plantas tampoco se cumple con las medidas de distanciamiento social, sometiendo al riesgo de contagios a los operarios. A su turno, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza, con lo cual comienzan los apercibimientos a quienes están en plan de lucha, aun cuando la medida fue anunciada con anterioridad por parte del gremio.

El portal Mar y Pesca informó en su edición de hoy que los trabajadores de la empresa Vieira habrían llegado un acuerdo con la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), por un bono no remunerativo de $9.400.

La medida gremial sigue en pie, exigiendo una suma de 15 mil pesos y sentarse a negociar salarios el primero de septiembre.

Un conflicto más y van…

Ya hace unos meses  los trabajadores de la pesquera Veraz habían realizado una medida de fuerza por haber recibido fuertes descuentos en el pago de una quincena. Otro de los conflictos latentes es la deuda que la empresa Viera aún tiene con los trabajadores “eventuales” -es decir, tercerizados y precarizados del mismo. Lo que se exige es que se de baja la figura de los eventuales y se los pase a planta, y también que se les reconozca la deuda que la empresa mantiene para con ellos.

Aprietes

Por otro lado, desde las empresas comenzaron a circular telegramas que instan a volver al trabajo asegurando que el paro ya se ha levantado, cosa que no es real. El gremio no acató la conciliación obligatoria y decidió continuar con el reclamo.

Estos ataques por parte de la Justicia y del Ministerio de Trabajo muestran a las claras las intenciones del Estado de querer amedrentar a lxs trabajadorxs que sostienen la lucha, para que abandonen las medidas de fuerza y retornen a su labor. Su objetivo es el de descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Y, de no ser así, responsabilizarlos de las perdidas y usar eso para echarlos.

Ante la presión de las empresas que envían telegramas, y de los posibles despidos por ser declarada ilegal la medida,  la asamblea de delegados decidió sostener el paro por tiempo indeterminado, reclamando: 15 mil pesos no remunerativos al 1 de septiembre, el pase al básico de esos 15 mil pesos; pase de trabajadores eventuales a contratos de temporada y recategorización de todo el sector.