El miércoles 19 se desató un incendio en un sector de la empresa Pelco, ubicada en la localidad santafesina de Puerto General San Martín, que milagrosamente no terminó con toda la planta incineradora de residuos industriales.

 

El siniestro reavivó los reclamos de los vecinos en la zona de delimitación de Puerto San Martín con Timbúes, que vienen denunciando los efectos contaminantes de la planta, y de los propios obreros, quienes han señalado que la empresa no cuenta con incineradores aptos ni habilitación para tratar los residuos que allí llegan (como los patológicos). Los trabajadores también han manifestado que nunca se llega a las temperaturas reglamentarias que garantizarían un venteo no tóxico, ya que los hornos son vetustos y la empresa se ahorra el consumo de gas necesario.

 

La continuidad del precario funcionamiento de Pelco (que cuenta con otra planta similar en Tigre y se radicó hace diez años en Puerto Gral. San Martín) en aras de maximizar sus ganancias, pese al conjunto de las denuncias, revela la complicidad del municipio dirigido por Carlos De Grandis (PJ) y por la gobernación del Frente Progresista Cívico y Social (Binner-Bonfatti-Lifschitz).

 

Complicidades

 

Estos hechos forman parte de un historial de barbarie empresaria por parte de Pelco, caracterizada por el funcionamiento precario, la ausencia de medidas elementales de seguridad e inclusive la falta de transporte propio, que obliga a los obreros a transitar a pie 30 cuadras de barro desde ruta 11.

 

En su momento, la planta había cobrado alguna notoriedad zonal, cuando intensas luchas de los trabajadores enfrentaron avanzadas como la expulsión del delegado Walter Gómez y el incumplimiento de abonar el aumento de convenio, que era del 25% (ambos hechos en 2012).

 

En ocasión de este último conflicto, uno de los sindicatos químicos de la zona (el dirigido por Daniel Santillán) aprovechó el cuadro para sellar clandestinamente un acuerdo con la patronal y, en un operativo de “pinzas”, obligar a los obreros a desafiliarse del Sindicato Químico de San Lorenzo, para pasarse al suyo.

 

La intervención de Santillán sirvió para introducir la confusión y la desmoralización del plantel, haciendo desaparecer cualquier reclamo gremial y llevando a que el delegado Gómez –el principal denunciante de las precarísimas condiciones de trabajo– sufriera el hostigamiento constante de la patronal y aislamiento de sus compañeros, lo que desembocó en su salida de la fábrica en 2015.

 

A su turno, la actual dirección de Sindicato Químico de San Lorenzo, de Julio Barroso, manipuló toda esta derrota para atacar a la oposición dentro de su propia Comisión Directiva.

 

Cómo seguir

 

El incendio vuelve a dar muestras de la criminalidad con la que actúa la empresa Pelco. Pero ni el intendente De Grandis ni el gobernador Lifschitz ni el gremialista Santillán (que dirige un sindicato fantasma) harán nada para detenerla, ya que están en connivencia desde larga data.

 

Tampoco lo hará Barroso, ligado a la kirchnerista Unidad Ciudadana, quien tiene puestos sus intereses en hacer carrera política y no en la defensa de los compañeros químicos.

 

El Partido Obrero y la agrupación Naranja Química han estado presentes en cada lucha. Desde la Naranja, tenemos planteada la tarea de lograr un reagrupamiento de delegados y activistas químicos de distintas empresas, para construir un Plenario de base donde se discuta la situación y reivindicaciones de los trabajadores de Pelco y del conjunto de los químicos de la zona.