El anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Docente de la provincia de Formosa, elaborado por el gobierno de Gildo Insfrán, constituye un ataque en forma a los derechos docentes y refuerza el manejo punteril en las escuelas.

A fines del año pasado se presentó un modelo totalmente repudiado. Actualmente existe un nuevo modelo que corrige algunas barbaridades técnicas, pero es igualmente nocivo para los docentes. Se trata de un nuevo avance por parte de un gobierno que mantuvo las Juntas de Clasificación intervenidas por más de 10 años, sin tolerar la más mínima expresión democrática de los docentes.

Su análisis tiene importancia para la docencia de todo el país, pues marca la tendencia de fondo de los gobiernos del ajuste, que buscan una mayor precarización de los trabajadores y la liquidación de conquistas históricas. También, para analizar la posición de la burocracia sindical de CTERA, que apoya esta reforma en nombre de la “modernización”.  

 

El proyecto

La reforma que pretende Insfrán impone a los maestros una mordaza legal, ya que obliga a los docentes, aún después de jubilarse, a “mantener secretos sobre los asuntos que el personal jerárquico considere necesario”. 

Cuando el personal jerárquico solicite una prevención sumaria, por el motivo que se le ocurra, contra un docente, éste dejará de percibir sus haberes, quebrando el principio de inocencia. Claramente con esto se anula una de las más importantes conquistas consagradas en el Estatuto vigente: el derecho a la defensa frente a sanciones arbitrarias de la patronal, que históricamente fue asegurado por la elección, a manos de los docentes, de los miembros de la Junta de Disciplina.

Para asegurar las designaciones a dedo en los niveles medio y superior inventa nuevos títulos, como Título Docente Habilitante, Título Profesional Habilitante y Título Técnico Habilitante. Con esto se reduce la posibilidad de acceder a horas cátedra a muchos docentes con título específico de las diferentes materias. 

Introduce la figura del “Contratado por Locación de Servicio” o “Locación de Obra”, por un lado, dándole una cobertura legal a las contrataciones que, de hecho,  ya existen, y por otro, abriendo la puerta a la realización de interinatos y suplencias por contratados.

Deja planteada la rezonificación de las escuelas que implicará una reducción salarial ya que modificaría, a la baja, el adicional por “Zona Desfavorable”.

Ataca la libertad de cátedra, degradando la educación, destruyendo los contenidos disciplinares y sometiendo la formación de los estudiantes y docentes en todos los niveles al modelo metafísico del “Hombre Nuevo Formoseño”, un invento totalmente anti científico, apologético del Gobierno de Insfrán. A partir de este punto de partida, se imponen metodologías (Promoción, Progresión y Transición Asistida), impulsadas y resguardadas celosamente desde el Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

Como era esperable, este nuevo Estatuto no corrige barbaridades preexistentes, como los “directores normalizadores” o “asesores situados”, dos figuras anti-estatutarias a las que recurren continuamente para que las direcciones no caigan en manos de docentes “rebeldes” o para perseguir a profesores luchadores. 

¿Y CTERA?

La Agremiación del Docente Formoseño (ADF), entidad base de CTERA, adepta a Insfrán, avala la reforma, justificándola como “medida de modernización y actualización”. Una verdadera vergüenza, que muestra hasta qué punto llega la integración de la burocracia celeste a los gobiernos anti obreros del PJ.

A la complicidad de las burocracias gildistas hay que sumarle la inmovilidad de las burocracias opositoras a Gildo, quienes ya tiraron la toalla, expresando que apelarán a “la moral” de Gildo Insfrán, enviando notas al Ministerio de Educación y al propio gobernador, para que no avancen con esta reforma; y que realizarán un planteo de inconstitucionalidad, apelando a una Justicia que dejó libre al concejal narco del PJ y desestimó todas las presentaciones judiciales contra el gobernador y sus funcionarios. No plantean, por ende, ninguna acción directa ni plan de lucha para enfrentar semejante retroceso. 

Desde Tribuna Docente rechazamos la reforma del Estatuto e impulsamos un plan de lucha contra la misma. Toda reforma a las leyes laborales de nuestro sector debe hacerse con métodos más democráticos y participativos; en ese sentido, impulsaremos la realización de un plebiscito para que la docencia fije posición sobre decisiones tan determinantes que afectan nuestra labor.

Salir del oscurantismo y las complicidades de las burocracias es la batalla que debemos librar. Hacer ejercicio pleno del método tan propio de los trabajadores, como es la Asamblea general de Bases, para superar el cerco que intentan poner las burocracias es la tarea que la situación amerita.