Sindicales

27/6/1995|453

Qué discuten los activistas obreros en Córdoba

Al momento de escribir estas líneas, la burocracia ha liquidado la posibilidad de un paro activo provincial, que estaba planteado para esta semana. El MOAS (Smata, UOM, docentes, SEP) ha jugado el papel de primera línea en este operativo, anunciando un “plan” de “ocupaciones pacíficas” para esta semana, “cortes de ruta”  para la próxima y un paro general entre el 7 y el 12, “si no se concretan los reclamos”. Esta condición tiene importancia porque el MOAS y prácticamente la totalidad de la burocracia sindical han dejado de plantear el pago de los salarios adeudados, para pasar a exigir la derogación de la ley de emergencia, la cual incluso podría ser materia de negociación a través de la reglamentación, como lo ha dejado entrever el propio gobierno.


El resto de la burocracia (CGT Chacabuco-MTA) y CTA se escuda en las posiciones del MOAS para ocultar su propia política de freno. Existe la posibilidad de un paro y movilización de algunos gremios estatales, pero será parcial. El papel más perverso en esta historia le corresponde al CTA, que en un plenario abierto y por boca de Bazán (Obras Sanitarias), reconoció que el MTA había propuesto parar el martes 26 y que ellos lo “convencieron” a someterlo al “consenso” con el MOAS.


El gobierno está fundido. La prensa local discute abiertamente las variantes de relevo de Angeloz. Un comentario político de La Voz reproduce una declaración de Tacchi: “hay que seguir así hasta que Angeloz venga de rodillas a pedir la ‘intervención’”. El gobierno nacional habría tentado al vicegobernador Grosso y al gobernador electo Mestre a que asuman como interventores, pero no hay acuerdo. La Ley de Emergencia Económica no avanza, ni siquiera se ha reglamentado y el plazo para pagar salarios en bonos expira el 30 de junio, la burguesía lo rechaza en masa. El gobierno no sabe qué hacer y sigue declarando que puede evitar su uso si obtiene dinero en efectivo.


El plenario abierto de Luz y Fuerza del jueves 22 —700 trabajadores— había decidido, por encima de la burocracia, una convocatoria para el lunes 26; sin embargo, Luz y Fuerza negó el lugar para sesionar y se terminó haciendo en ATE, adonde llegaron unos 200 activistas. Allí se hicieron presentes sólo las direcciones del CTA, que plantearon de entrada que su posición dependía de lo que hiciera el resto de la burocracia. En la reunión, el Ptp planteó la continuidad del gobierno de Angeloz con “ministros nombrados por una asamblea popular”. El Mst propuso una “comisión de enlace” para ir a presionar a la reunión del MOAS que se hacía en ese mismo momento y plantear la “reconstrucción de la Mesa de Enlace”, es decir, la unidad de toda la burocracia, que no tuvo eco. Un militante  sindical  del PO  (lista Violeta del SEP) hizo un análisis político de la situación y señaló la tentativa de “golpe de estado” que está impulsando Cavallo contra la autonomía provincial. Denunció la política de “presionar” a una burocracia que está desmantelando el paro general y planteó la agitación de una huelga general hasta que paguen, impulsando asambleas. En el cierre, Mario Díaz, de gráficos, dejó abierta la posibilidad de que hubiera un paro matero y que en ese caso el plenario “autoconvocado” podía propiciar una movilización.


El mismo día se hizo un plenario de delegados docentes de UEPC Capital. La burocracia fue con el planteo de levantar las medidas de fuerza para “confluir en el paro general que se haría en la semana”, pero fue derrotada en forma aplastante, hubo más de 100 delegados y barra que votaron asambleas en las escuelas para el martes y “retención de servicios” el resto de la semana, y nuevo plenario de delegados para el lunes que viene  para resolver cómo continuar. En el plenario se realinearon en favor de la huelga los propios delegados de la burocracia y este plenario aparece como una alternativa de ruptura con Grahovac; se están eligiendo delegados en escuelas que no los tienen. Se votó también el no pago de la deuda externa. Nuestra orientación es convertir la “retención” en una huelga activa, y el mandato de “retención” hasta que se pague al último docente (se debe todo mayo y abril a la mitad de la docencia).


El proceso de lucha tiene su punto más alto en el SEP y aparentemente, también en judiciales, que está en paro por tiempo indeterminado. La conducción “pluralista” del SEP (en la que confluye el cavallista Pien, radicales y el Mas) está desbordada, y existe una virtual huelga no declarada. En una repartición importante se aprobó una moción que plantea: 1)fuera el plan de los banqueros —Menem—Cavallo y los “chorros” radicales; 2) declarar la huelga general hasta el pago total; 3) reclamar 800 pesos de mínimo para el ingresante; 4) efectivización de los contratados, no a las privatizaciones, no a los despidos, control de los trabajadores sobre las empresas públicas, ejecución de los deudores. Se plantea incorporar hoy a estas consignas el “no a la intervención”. En otra repartición, se planteó el no pago de la deuda. La disgregación de la burocracia del SEP va a un ritmo que supera la propia organización del activismo para superarla.


La organización del Encuentro Estudiantil del 8 está en pañales; se formó una comisión con ese objetivo sobre la base de “Estudiantes de Derecho en Lucha”. Existe una batalla entre la FM, el FG y el Ptp, que llaman a defender  los centros constituidos y a boicotear el Encuentro, y el resto del activismo que en Derecho, Medicina, Arquitectura y alguna otra facultad ha elegido delegados generales en asambleas y apoya el Encuentro.