Tras dos ocupaciones contra el incumplimiento de pago de sueldos y la amenaza de cierre lanzado por la patronal (los mismos capitales que TBA), los trabajadores de Emfer han logrado una importante victoria: están concurriendo al trabajo, se cumple estrictamente el cronograma de pagos —incluidos los días de ocupación—, se ha fortalecido la unidad interna. Sin embargo, la amenaza de cierre sigue vigente. La Comisión acordó por pedido de la empresa una prórroga de la ‘tregua’. Es que Cirigliano y Cía. están negociando con el ombudsman Maiorano y la justicia para que se levante el bloqueo judicial a la aplicación del decreto de Menem que amplía la concesión ferroviaria en 20 años y autoriza un aumento del boleto en un 85%. Un negocio de 2.500 millones.

El conflicto está moviendo la estantería política de San Martín. Una sesión especial del Concejo Deliberante para tratar la situación de Emfer votó una resolución que rechaza el argumento de que sin aumento del boleto no se puedan pagar salarios ni garantizar la fuente de trabajo. También rechaza cualquier intento de despidos masivos (ojo: ¿y selectivos?). Sin embargo, en el testimonio previo se argumenta que TBA es el único cliente de Emfer, sin mencionar que también es la misma patronal, y expone el razonamiento de la empresa sobre la “traba judicial” a la prórroga de la concesión, que incluye el 85% de aumento del boleto. Por tanto, la resolución es para la tribuna, no ofrece una salida. La única salida real implica la reincorporación de todos los suspendidos y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial, la apertura de los libros de TBA y Emfer, la revisión de los contratos de TBA con el menemismo, la estatización de Emfer y su puesta en marcha bajo control de los trabajadores para cumplimentar un plan de renovación del material ferroviario de todo el país.