El “plenario nacional de gremios” que se reunió en la Federación de Box el pasado 1° de Mayo, dio a conocer una declaración que contiene un programa de reivindi­caciones para el movimiento obrero. Para cualquiera que haya seguido su trayectoria desde la asunción de Me­nem, resultará una sorpresa leer que los convocantes del Plenario digan que el “presente nuestro” se caracteriza por la pérdida de la “jornada de ocho ho­ras”, de “los convenios colectivos”, de la “seguridad social”, de la “salud pública” y de la educación, y por la “degradación del salario”. Todos sa­bemos que ni el MTA ni la UOM y sus seguidores hicieron realmente nada por impedir el avance de la ofensiva anti­obrera; que nunca se empeñaron en la defensa de las conquistas laborales; que fueron los peores cómplices de los ata­ques capitalistas; y que incluso hasta una fecha tan cercana como el 14 de mayo del año pasado, la inmensa mayo­ría de ellos apoyó la candidatura de Menem a la presidencia.

Por eso, los términos de la declara­ción y del programa del Plenario, están reflejando un cambio en el conjunto de la situación política.

1. El prolongado derrumbe del ‘plan Cavallo’ ha colocado a las, grandes ma­sas, incluida a la clase media, ante una situación que no tiene perspectiva de salida; 2. La política de la burocracia sindical se encuentra en una completa impasse frente a la intensificada ofensiva obrera, que no se detiene incluso ante las prebendas económicas de la burocracia, como lo revela la privatiza­ción de las obras sociales; 3. La lucha popular se presenta como una amenaza a la capacidad de control del gobierno y de sus agentes en el movimiento obrero.

Es inocultable que el secretariado na­cional de la UOM ha pasado de las tertu­lias con Menem a las denuncias y reivin­dicaciones del Plenario como consecuen­cia de la firma del convenio Fiat-Smata, que le ha arrebatado el sector automotriz del gremio y que amenaza con desatar fuertes conflictos sindicales en toda la industria. La burocracia de la UOM termi­nó de esta manera luego de haber entrega­do el plan de lucha de 1993, lanzado precisamente para renovar el convenio colectivo de trabajo. Durante cinco años la UOM agotó a los metalúrgicos con paros de 15 minutos sin obtener ninguna reivin­dicación, mientras toleraba la contrata­ción de obreros por medio de agencias, los contratos de aprendizaje y las pasantías, y la reiterada aplicación de los concursos preventivos de crisis para despedir y sus­pender o para rebajar los salarios.

Ahora, el Plenario reclama “la sus­pensión de los contratos basura y el falso y fraudulento contrato de ‘aprendizaje”9. Reclama ‘‘la nulidad absoluta de todas las rebajas nomina­les de la remuneración”. Reclama “la reducción de la jornada de trabajo, sin mermas de salarios”. Reclama “la plena vigencia” de la negociación co­lectiva por industria. Reclama la “sus­pensión de la Ley de Riesgos de Tra­bajo” y hasta de las famosas “cláusulas de la ley de concursos y quiebras que suspenden los Convenios de Traba­jo” (de cuya aplicación sistemática fue cómplice). Reclama la “actualización del salario mínimo”, lo cual equivale, consecuentemente entendido, a un mí­nimo de 1.200 pesos, que es el costo de la canasta familiar oficial.

Pero la declaración guarda un si­lencio sepulcral con respecto a la pri­vatización de las jubilaciones, porque se trata de un negociado para el con­junto de la burocracia sindical, que la ata a los grandes pulpos por medio de fuertes intereses y que la condiciona, por lo tanto, en todos los terrenos.

Las reivindicaciones mencionadas constituyen un giro político, incluso para el MTA, porque al igual que el CTA confinó su oposición a generalidades y nunca planteó las reivindicaciones cruciales que estaban afectando al mo­vimiento obrero. En un reciente progra­ma contra el desempleo, el CTA propo­ne subsidios a los capitalistas, reduc­ción de los aportes patronales y hasta salarios por productividad.

Un programa de reivindicaciones sirve para impulsar una lucha, porque le da objetivos concretos y definidos. Pero esto es lo que evitó hacer, precisa­mente, el Plenario, que no plantea sus reivindicaciones como una acción prác­tica contra la ofensiva patronal, sino como una propuesta de modificaciones legales.

Propone la actualización legal del salario mínimo, no un plan de lucha para arrancar ése salario mínimo. Propone suspender la ley de quiebras, no ocupar toda empresa que preten­da valerse de ella para suspender, despedir o rebajar salarios. Propone la plena vigencia de la ley de convenciones colectivas, no el emplazamiento a las patronales a discutir un pliego concreto de reivindicaciones (no su­jeto a ningún condicionamiento) con paritarios elegidos por la base. Se somete al ordenamiento legal, elige el camino más largo e inaccesible, no da una respuesta a los ataques cotidianos e inmediatos de las patronales, no plantea un plan de lucha.

El plenario reclama que la CGT tome estas reivindicaciones para poder justificar su propia falta de iniciativa.

El Partido Obrero plantea que los sindicatos emplacen a las patronales y al gobierno a discutir ese pliego de reivin­dicaciones. Que convoquen a congresos de bases para impulsar un plan de lucha para arrancar ese pliego. Que resuelvan la ocupación de toda fábrica que despi­da cierre y la huelga general de solida­ridad con las fábricas que se ocupen. Que se repartan las horas de trabajo si hay una caída de la producción, sin mengua del salario. Que el Plenario, el MTA y el CTA convoquen a un paro general activo, comienzo de un plan de lucha.

El Partido Obrero llama a los activis­tas y a los luchadores a una campaña nacional por estos objetivos.