En la clínica se ha operado un retroceso. Los trabajadores que venían ocupando el establecimiento y que se habían nucleado en una cooperativa no pudieron sostener la ocupación. La patronal vaciadora logró, mediante una serie de maniobras, retomar su control. El núcleo más firme de activistas quedó aislado frente a la propuesta de un “nuevo” elenco directivo. Se trata de uno de los proveedores de la clínica, con dudosa solvencia económica y “amistad” con Lerena. En otras palabras, un testaferro de la vieja patronal.

En ese marco, se inició una persecución contra los trabajadores de la cooperativa, que fueron sometidos a maltratos y traslados arbitrarios de función. Los activistas se plantaron con determinación frente a las represalias y obligaron a que “bajara” el sindicato para constatar las irregularidades.

Pero el prometido plan de reactivación de la clínica brilla por su ausencia. Si bien la nueva dirección ha puesto en funciones a una bioquímica, el laboratorio no funciona y los equipos siguen sin repararse. Radiología funciona, pero en forma precaria, dada la escasez de pacientes, y los servicios de interacción continúan paralizados.

Mientras tanto, la nueva administración financia con deuda los pocos insumos que utiliza, mientras la clínica está virtualmente parada. Todo es extremadamente sospechoso. No se ha incorporado personal médico, pero contradictoriamente hay 20 empleados nuevos, cuya labor se circunscribe a la limpieza. Como contrapartida, los pagos de los salarios vienen realizándose en dosis homeopáticas. Recién se acaba de cancelar el mes de abril y se ha otorgado un adelanto de mayo. Esto huele a podrido. Todo indica que se apuntaría a precipitar la quiebra y a ponerle un broche al vaciamiento. El propio Lerena había adelantado dos meses atrás esa posibilidad. La quiebra fraudulenta va a volver a reactualizar la lucha. Nos referimos a la lucha por la expropiación y la gestión de los trabajadores de la clínica. Hacia allí vamos.