Suteba y la FEB levantaron la medida de fuerza convocada para el inicio de las clases.

 

¿Hubo algún cambio, acaso, en la oferta salarial del gobierno que respalde esa decisión? ¡Ninguno!

 

Los dirigentes terminaron aceptando la propuesta de Solá que consiste en un suma fija de 85 pesos (con los descuentos de ley quedan 69 en el bolsillo) y una garantía para que ningún docente cobre menos de 600 pesos de bolsillo todos los meses.

 

¿Dónde quedó la denuncia hecha por los propios gremios de que el diagrama “achataba la pirámide y equiparaba a los maestros que recién comienzan con los docentes que tienen mayor antigüedad y más responsabilidad”?

 

Bajo la pantalla de un “aumento”, asistimos, en realidad, a un congelamiento sin precedentes, pues un docente que recién se inicia deberá esperar 15 años para recién saltar un escalón en la escala salarial.

 

Ni hablemos de que 69 pesos, y encima como suma fija, son una cargada.

 

Otras concesiones que acabó otorgando el gobierno, tales como la modificación del régimen de licencias, la entrega de becas para el polimodal, la creación de más cargos, la jerarquización de los directivos (reclamos postergados y sentidos por la docencia), no pueden disimular la cuestión central del salario, que constituía y sigue constituyendo el eje principal de la movilización docente.

 

El acuerdo constituye una capitulación de la burocracia ante el gobierno; los puntos reivindicativos consensuados simplemente obran como coartada para ver si puede hacer pasar esta traición.

 

Coincidentemente con ello, Kirchner anunció con bombos y platillos en la Asamblea Legislativa que ningún docente cobraría menos de 700 pesos y que el gobierno nacional cubriría esa diferencia en las provincias que actualmente no pagan esa cifra. La manipulación de los datos que está haciendo el gobierno es asombrosa. Habla de porcentajes siderales y hace comparaciones que no toman los mismos conceptos para hacer las mediciones. Lo real es que para la mayoría de las provincias, el anuncio de Kirchner no representa ningún aumento. En la provincia de Buenos Aires, los 710 pesos de los que hablan los medios de prensa, es lo que va a cobrar partir de ahora un docente con el aumento trucho que denunciamos (660 pesos más los 110 de incentivo docente que ya se venían percibiendo). Lo mismo sucede en Capital, Santa Fe y Salta y gran parte de las provincias. El anuncio, a lo sumo, puede representar un aumento, acotado, para un puñado de provincias más rezagadas.

 

¿Quién les dio mandato a Suteba o a la FEB para levantar el paro? ¿Consultaron a la base del gremio?

 

El ejemplo opuesto lo tenemos en Salta. Desde el lunes, la provincia está paralizada por un paro por tiempo indeterminado. Pasando por encima de la corrupta burocracia integrada al gobierno romerista, una asamblea autoconvocada representativa de los docentes de la provincia lanzó la huelga y tomó en sus manos la tarea de garantizarla, es decir, asumió el control y la conducción del conflicto. Los docentes salteños rechazaron la oferta hecha por Romero, que incluso era superior a la de Solá, y en oposición a ello, votaron la reivindicación de un básico de 750 pesos.

 

En síntesis, una misma oferta pero dos conductas diametralmente enfrentadas y dos resultados bien diferenciados.

 

La clave para el triunfo de la lucha reside en la capacidad que despleguemos los trabajadores de tomar en nuestras manos la dirección de la lucha. La burocracia, cooptada al gobierno kirchnerista y a los Estados provinciales, constituye un obstáculo que nos conduce inexorablemente a la derrota. A nadie se le puede escapar que la lucha docente encierra un choque fundamental. Más que nunca, ahora, con el éxito del canje, la nación y las provincias deben reservar el superávit para hacer frente a los nuevos compromisos. El nuevo esquema, incluido el programa de financiamiento ordenado, solamente “cierra” excluyendo las mejoras salariales. Estamos, por lo tanto, frente a una pulseada de carácter estratégico, una cuestión de Estado, tanto para el gobierno nacional como para las provincias. La burocracia está inhabilitada para dirigir una confrontación de esta naturaleza. Es necesario arrebatarle el manejo del conflicto. Esta tarea está planteada antes y durante el curso de la propia lucha.

 

En Santa Fe, donde la huelga se mantiene (se ha aprobado 72 horas de paro esta semana y la próxima), sería oportuno organizar un plenario de las seccionales, delegados y activistas combativos en vistas a ir forjando una alternativa frente a las maniobras de la burocracia de Amsafé, que ha tenido que lanzar las medidas de fuerza a regañadientes y está a la espera de la primera oportunidad para suspenderlas. Hay que preparar las condiciones para pasarle por encima a la burocracia y garantizar la continuidad de la huelga ante una eventual deserción de la dirigencia provincial.

 

Con el levantamiento de Buenos Aires, se van a acentuar las presiones para estrangular la huelga en Salta. Con más razón es necesario profundizar el camino recorrido, impulsando los comités de huelga autoconvocados en todas las barriadas y departamentos, formando redes interescuelas, estrechando los vínculos con los restantes trabajadores estatales, convocando a los padres a movilizarse y formar comités de apoyo. Estos son los escalones para unificar la lucha y transformar a los autoconvocados en la autoridad indiscutida de la huelga.

 

¿Y en la provincia de Buenos Aires? Indudablemente, el espíritu de lucha imperante no ha llegado a los niveles reinantes en Santa Fe o Salta. Pero eso no nos impide ver la insatisfacción existente en las escuelas y cómo se viene afianzando y ganado terreno la necesidad de aumentar el básico. Es necesario tomar en cuenta todos estos factores, para ir preparando las condiciones para continuar la lucha y retomar la huelga, con las seccionales opositoras a la burocracia haciendo punta. Llamamos a preparar un plenario provincial de delegados con mandato, precedido por plenarios distritales y asambleas por escuela para discutir esta perspectiva y tomar la iniciativa.