El lunes 5/11 salió publicado en el Boletín Oficial un paquete de decretos de necesidad y urgencia que involucran al personal de la Afip. El primero otorgándole la autarquía al organismo y fijando un porcentaje de la recaudación para el Presupuesto del 2002 que pasa de 1,53% de la recaudación en el corriente año a 2,75% para el futuro ejercicio y asignando el 0,75% para el fondo de jerarquización o fondo estímulo.

Si bien está claro que la autarquía está al servicio del “déficit cero” y la consecuente garantía del pago a los tenedores de títulos de deuda externa, todavía no se comprende el aumento de la asignación presupuestaria, aunque podría inferirse que es una señal para los acreedores en el sentido de que se protegerán férreamente sus intereses con un organismo fortalecido a su servicio; aunque también puede aparecer como una zanahoria para los trabajadores de la Afip.

Un segundo decreto crea en la órbita del Ministerio de Economía una Sociedad de Estado de Informática Tributaria que en sus considerandos plantea una superación del accionar informático desenvuelto en la Afip y en su articulado se plantea el desarrollo, producción y venta de sistemas. Frente a la amenaza que significa esta tercerización (en las facultades otorgadas a Cavallo por el Congreso se le inhibe taxativamente de privatizar total o parcialmente o tercerizar la Afip) el plenario de delegados de la Seccional Capital y Agencias se pronunció por la defensa incondicional de los puestos de trabajo de los compañeros de Informática, sin comerse ninguna zanahoria, mientras que el sindicato se manifestó en alerta y movilización. Al día siguiente se realizó una asamblea de Informática donde se ratificó la defensa de los puestos de trabajo y se facultó a una comisión de delegados con la participación de un dirigente de la seccional para entrevistarse con el director de Administración, quien manifiestó que no se tocará a nadie de Informática, ni se presionará a nadie para que se pase de organismo. Una vez más, como la semana pasada con el proyecto de decreto de privatización de las cobranzas judiciales y extrajudiciales, la patronal (el gobierno) no puede sostener lo que escribe o programa frente a la respuesta inmediata de los trabajadores de la Afip. Quieren, pero no pueden.

La garantía de que no avancen con el programa de liquidación de puestos de trabajo y rebajas salariales está en desarrollar una férrea unidad de los trabajadores estatales con un accionar tendiente a la huelga general estatal para derrotar definitivamente este plan antiobrero.