Durante los últimos días, metalúrgicos y textiles de la provincia de Tierra del Fuego sufrieron nuevamente una brutal ofensiva patronal. La empresa electrónica Fapesa determinó arbitrariamente y sin previo aviso, acreditar los sueldos de marzo al 70%. Lo que en un primer momento fue un rumor que circulaba entre los propios trabajadores, se terminó de confirmar en las primeras horas del pasado lunes cuándo los mismos observaron que su última liquidación no se condecía con lo previsto, lo que provocó inmediatamente un enorme descontento. Por su parte, los trabajadores de Digital Fueguina, que se hallan suspendidos desde diciembre, en este último tramo les correspondía cobrar el 75% y tan solo les depositaron el 32%. La patronal arguye no poder pagar el resto, ni tampoco hay certezas de como arreglarían en abril. Esta empresa viene atravesando una situación compleja, dado que sus dueños (grupo Garbarino), a raíz de la recesión económica y la abrupta caída en las ventas, vienen amenazando con un cierre definitivo que dejaría en la calle a sus 260 trabajadores.

Por su parte el Grupo Mirgor, de la familia de Nicolás Caputo, llevó adelante 745 despidos, a través de la no renovación de contratos que vencieron el 31 de marzo. La empresa se comprometió de mantener hasta fin de mes a 220 empleados contratados bajo la modalidad de Planta de Personal Discontinuos (PPD) –operarios que trabajan entre cuatro y once meses al año, según la planificación de la compañía- y reincorporar paulatinamente a los otros 525, quiénes tienen contratos de plazo fijo – estos habitualmente se emplean en verano para sostener la producción durante las vacaciones- pero para ello exige un protocolo especial para producir celulares durante la cuarentena; en cuyo caso, el gobierno nacional tendría que incluirlos como productos “esenciales” y el gobierno provincial autorizar su producción, levantando la cuarentena para este sector fabril a partir del 13 de abril. Esta compañía facturó durante el año pasado poco más de $49.112 millones y obtuvo una ganancia de $2.123 millones (Ámbito 1/4). En tanto que por los beneficios del “régimen de promoción industrial” de la provincia recibió 180 millones de dólares.

Todo esto con el mismísimo aval del titular de la cámara patronal AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas), Federico Hellemeyer, desde donde buscan imponer la modalidad de “banco de horas” a cambio de lo adeudado; o negociar la extensión del congelamiento salarial que pactaron con la burocracia de la UOM a finales de 2017 (que vencería en junio de este año) bajo la falsía de sostener los casi 11 mil puestos de trabajo.

Similar situación padecen los obreros del sector textil. Las fábricas AustralTex S.A., Barpla S.A. y Textil Río Grande pagaron el 60% de los haberes a sus empleados.

Sueño Fueguino, por su parte, no liquidó los ítems de refrigerios y viáticos. Armavir S.A. pagó el 50% de los salarios de marzo. Y Blanco Nieve S.A. hizo lo propio pagando solamente un misérrimo 30%. (Gremiales del Sur).

Cabe señalar que la actividad de la pequeña y mediana industria textil y metalúrgica se sostiene bajo un régimen único en el país de “promoción industrial” (Ley 19.640 sancionada en el año 1972) que constituye a la provincia en “área franca” y “territorio aduanero especial”, con exenciones generalizadas en materia de imposición interior; aranceles y restricciones amortiguadas, desgravaciones fiscales e importantes incentivos para la radicación de empresas industriales y comerciales.

A pesar de contar con beneficios únicos (tales como la exención de impuestos como ganancias e IVA) y subsidios millonarios, la burguesía parasitaria promueve sus arteras maniobras, extorsiones y ataques contra el conjunto de la clase obrera fueguina. Todo ello pone al descubierto que el mentado DNU contra suspensiones y despidos por 60 días es papel mojado, absolutamente inservible siquiera para garantizar la totalidad de los salarios en tiempos en que la tasa de desocupación al último trimestre de 2019 ya era de 9,5% en nuestra provincia y que más de 50 mil fueguinos se hallan bajo la línea de pobreza. 

A este cuadro de debacle generalizada, se le suma que el empleo en la construcción sigue en caída. De acuerdo al último dato oficial de diciembre del año pasado 2019 el empleo en la construcción en Tierra del Fuego tuvo una caída del 26.3%, una realidad que estuvo en consonancia en todo el país, en donde la cantidad de puestos ha descendido a su menor nivel ubicándose en un 9.1% por debajo de la media nacional.

¡Al salario y al trabajo lo defendemos los trabajadores!

La perspectiva para los trabajadores impone romper con las direcciones burocráticas, organizándose de manera independiente en comités y asambleas mandatados por las propias bases.

Ante los manejos extorsivos patronales que arguyen crisis planteamos la apertura de los libros de todas las empresas y que toda empresa que declare su cierre deba ser reabierta por el Estado bajo control obrero.

Reclamamos que el decreto contra despidos y suspensiones tenga vigencia desde el 29 de febrero hasta fin de año, incorporando cláusulas que efectivicen la reincorporación de todo aquel que sea despedido. Es vital que se preserven los puestos de trabajo y el valor real de los salarios, indexados con la inflación; por ello planteamos el control obrero de la pandemia, prohibición de despidos y suspensiones, otorgando licencias con goce de haberes para los empleados de actividades no esenciales.

Para confrontar a la pandemia es necesario que la industria electrónica y textil fueguina se reconviertan para colaborar con el sistema sanitario, garantizando condiciones de seguridad e higiene bajo el control de sus trabajadores y centralizar todo el sistema sanitario, público, privado y de obras sociales, bajo un comando único para combatir la pandemia.