Durante la mañana del martes 20 se produjo una enorme reacción popular exigiendo justicia por los tres trabajadores muertos en el hundimiento del barco Repunte en las costas de Rawson, así como la aparición de los siete desaparecidos (hasta el momento sólo han aparecido dos sobrevivientes).

 

Los familiares de los pescadores junto con trabajadores de la pesca se congregaron en la sede de la prefectura naval tanto en Mar del Plata como en Puerto Madryn, exigiendo que no se abandone la búsqueda de los cuerpos y “que las autoridades políticas y el empresario Luis Caputo den la cara”. También se escucharon cantos demandando la presencia del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).

 

Una “tragedia” anunciada

 

El hundimiento constituye una verdadera masacre contra los marineros.

 

Como señalamos días atrás en Prensa Obrera, Luis Caputo, el dueño de Ostramar S.A. (a la que pertenecía el Repunte), es “un empresario que desde hace años mantiene sus barcos parados, haciéndoles reparaciones parciales que le permitan retener los permisos ante los laxos requerimientos de un Consejo Federal Pesquero que, sistemáticamente, le renueva las justificaciones de inactividad”, permitiéndole así no perder las licencias de pesca. Tales favores gubernamentales (que llegaron al punto de justificarle en algunos casos una “inactividad” de 3 años, cuando por ley no puede ser de más 180 días) son fácilmente entendibles: Caputo cuenta con un familiar al frente de la dirección de pesca marplatense, Francisco di Leva.

 

Los propios marineros de Ostramar se quejaban meses atrás de que, en los casos en que Caputo no lograba maquillar el parate ni siquiera con los favores del gobierno, los barcos eran despachados a la pesca con el único objetivo de no tener que justificar nuevamente la inactividad. En estas condiciones partió el Repunte, que ya tenía antecedentes de ser riesgoso, y tuvo lugar el naufragio.

 

En estos días se dieron a conocer reuniones entre autoridades del Consejo Federal de Pesca y el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), en las que esté intercedió en favor del otorgamiento de los permisos de inactividad del empresario Luis Caputo. Con la excusa de que los trabajadores no perdieran su trabajo por la rescisión de los permisos de pesca, la burocracia sindical actúa como un empresario más.

 

Echan lastre

 

Carlos Arroyo, el intendente de Cambiemos de Mar del Plata, dictó un duelo de tres días por el hundimiento; se trata de una hipócrita echada de lastre para apaciguar el malestar popular, ya que él mismo permite la superexplotación de trabajadores en las empresas portuarias mediante la utilización de cooperativas truchas.

 

Por su parte, la burocracia sindical del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) actuó como barrera de contención al reclamo popular en el momento en que los trabajadores exigieron, durante la protesta, que no salgan las embarcaciones durante aquellos días de duelo.

 

Nuestro planteo

 

Exigimos justicia para todos los familiares de los pescadores desaparecidos y muertos, juicio y castigo a Luis Caputo y a los responsables de todos los organismos provinciales y nacionales, el Consejo Federal Pesquero y a la Prefectura Naval, que habilitan la salida de los barcos de los puertos.

 

Planteamos que una comisión elegida en asamblea de los obreros del pescado inicie una investigación sobre todas las anomalías criminales que llevaron a la desaparición de los tripulantes del Repunte. El Concejo Federal Pesquero y a la Prefectura Naval tienen que abrir los registros de las supuestas reparaciones que se realizaron en el Repunte durante el 2016.

 

Es necesario avanzar en la conformación de una comisión de seguridad e higiene, electa por los trabajadores, que verifique el estado estructural de las embarcaciones.