Como parte del ‘plan de lucha’, el plenario de delegados telefónicos aprobó el texto de un petitorio dirigido a los poderes nacionales y a otras instituciones (Iglesia, embajadas, partidos, etc.), cuyo verdadero significado debe haber pasado desapercibido para la mayoría de los propios delegados que lo votaron (ver artículo).

Siendo una petición al Poder Ejecutivo Nacional y al Parlamento, no se reclama en él nada concreto. Se limita a solicitar la “intervención (de esas instituciones) ante Telecom y Telefónica, con el objeto de revertir su política” de reducción de personal. Una especie de pedido de auxilio, cuando de lo que se trata es de reclamar el cumplimiento de reivindicaciones concretas. Que se prohíban los despidos por parte de las empresas telefónicas, incluso por medio de una ley. Que se disuelvan los ‘microemprendimientos’ y se prohíba la cesión de trabajo a terceros por tratarse de una práctica desleal, una provocación contra los trabajadores con la finalidad de rebajar salarios, desconocer el convenio, reducir personal y dividir al gremio. Que se firme un acta por la cual las patronales se comprometen a cesar con las sanciones desmedidas y cualquier presión en favor de despidos encubiertos (“retiros voluntarios”).

Sobre la base de estos reclamos, se trata de emplazar a las patronales y al Estado, bajo apercibimiento de que se tomarán todas las medidas gremiales necesarias para lograr su cumplimiento. El petitorio debe ser un programa de reivindicaciones y el programa una guía para la acción.

Los trabajadores desocupados de Cutral Co también peticionaron al Estado provincial, pero plantearon reclamos básicos y concretos para la solución de su situación. Y lo hicieron con los métodos de la acción directa. No fueron a pedir clemencia ni benevolencia.