En el 2021 el país llegó a su récord histórico de trabajadores en actividad bajo la línea de pobreza. Así lo detalló un informe de la UCA, que postula que desde 2017 la tendencia ascendente pasó del 15,5% al 28,2%. Ahora, el observatorio de la universidad publicó un nuevo estudio que analiza los pormenores de estas cifras, lo que es un llamado de advertencia a la población trabajadora del país, mientras se consolida estructuralmente la precarización y la licuación salarial que nos llevaron a esta debacle.

A groso modo, los trabajadores más sumergidos bajo esta condición son los que desempeñan tareas bajo condición de informalidad. El avance de la precarización laboral es un factor indisociable: según el último informe del Indec, el trabajo no registrado tuvo al cierre del año pasado el salario promedio de $27.301, bajo la línea de indigencia. Vale decir entonces que en un hogar con dos remuneraciones de este monto tampoco alcanza para superar la línea de pobreza. No es casualidad que tanto para el trabajo informal como para los trabajadores activos bajo este umbral las cifras se ubiquen en un porcentaje similar; uno de cada tres.

Ahora bien, esta tendencia al hundimiento de la población laboriosa en funciones bajo la pobreza, que en solo cuatro años se duplicó, solo tiene un camino hacia adelante. En la reunión reciente del Consejo Económico y Social, la presentación del Plan Argentina Productiva 2030 se anunció con el avance de la reforma laboral y la liquidación de los convenios colectivos de trabajo bajo el brazo, a aplicarse por la vía de las “mesas sectoriales” entre el gobierno, la burocracia sindical y las cámaras empresariales.

Este es uno de los tópicos clave en el acuerdo rubricado con el Fondo Monetario Internacional, que es el cimiento sobre el que se apoya toda la orientación económica nacional. Estamos ante un acuerdo que someterá aún más al pueblo argentino al hambre, cuando el total de personas bajo esta condición alcanza los 17,5 millones en un país de 45 millones. Tanto es así que la única vez que el memorándum menciona la palabra “pobreza” en un sentido de llevar políticas o designios al respecto, lo hace para fijar las metas del considerado “gasto social”, con el telón de fondo de toda una orientación de recorte fiscal y machaque de las erogaciones. Puntualmente, la intención del Fondo es que se avance a la conversión de planes sociales en trabajo precario, lo que es a su vez otro factor de incentivo al avance de esta liquidación de los convenios y la consagración de la informalidad y la precarización laboral.

Al momento de escribirse estas líneas se mantiene un masivo acampe piquetero en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, donde millares de personas que dependen de un programa de asistencia social reclaman por la apertura de nuevos cupos y por trabajo genuino. El gobierno se niega rotundamente a recibirlos, porque ya dejó claro que no se ampliarán las cuotas, que lejos de crear trabajo genuino se empiezan a tomar cartas hacia una destrucción de los convenios -y con ello, de décadas de conquistas obreras- y que avanzará a como dé lugar en transformar los planes en trabajo precarizado. Esto ayuda a corroborar todavía más claro el carácter de lo antes mencionado.

Los que día a día salimos a trabajar tenemos que enfrentar este verdadero plan de guerra antes de ser devorados. El acampe piquetero marca un horizonte para enfrentar al gobierno, la oposición derechista y todo este régimen fondomonetarista. Pero lo marcan también la lucha de los trabajadores de Cladd, de RA, los choferes que cortaron ayer la Autopista Oeste, o la docencia riojana y rionegrina. Desde este punto de vista nos proponemos reagrupar a todas las luchas en curso bajo una pelea común, y preparar un gran primero de mayo, que tenga como punto de partida el rechazo al acuerdo con el Fondo, el avance de la reforma laboral y todas las implicancias devastadoras para los trabajadores del país.