Mediante la Resolución 8/2018, el jaqueado Ministro Triaca resolvió renovar parcialmente 80 contratos anuales: 50 hasta marzo y 30 hasta junio. Frente a esta provocación que anunciaba un inminente escenario de despidos, la Junta Interna de ATE reclamó la renovación hasta fin de año de la totalidad de los contratos.

A partir del tembladeral político producido por la denuncia de Sandra Heredia, el ministro ha reculado y se han renovado los primeros 50 contratos hasta fin de año. Sin dudas, se trata de un primer triunfo de los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Está planteado entonces, retomar la iniciativa por la renovación de los 30 contratos restantes así como la reincorporación de Francisco Alurralde, despedido tras ser detenido en las inmediaciones del Congreso en el 18 de diciembre.

Triaca en la cuerda floja

Las revelaciones contra Triaca sacaron a la luz no sólo la relación de trabajo en negro que mantenía con una de sus empleadas, sino también la naturaleza clientelar de la intervención sindical (en este caso al Somu) que motorizó el propio Ministro de Trabajo, metiendo a más de 200 personas en él. Con el pasar de los días, se han sumado denuncias contra familiares de Triaca por distintos motivos y hay rumores sobre un posible reemplazo del ministro.

Sin embargo, muchos de los que cuestionan a Triaca por el audio no mencionan que en su propio Ministerio domina la precarización laboral heredada del kirchnerismo, y que el proceso de renovación de contratos de los trabajadores del Ministerio de Trabajo vislumbra la posibilidad de nuevos despidos. El que comete fraude laboral en su casa no titubea en hacerlo en su Ministerio.

Por ello, el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, ha denunciado en los medios de comunicación el negreo que Triaca ejerce en su propio ministerio y la diputada Romina Del Plá presentó un Proyecto de pedido de Interpelación en el Congreso Nacional al ministro donde también solicita que dé explicaciones sobre la situación laboral de los empleados del Ministerio a su cargo, donde abundan los contratos precarios y salarios en negro, y sobre la situación de los 40 trabajadores de maestranza de dicha cartera, contratados por la empresa Inmantec SRL, a los cuales se les ha rescindido el contrato el año pasado y que llevaron adelante una enorme lucha durante varios meses.

 

Despidos y precarización: vamos por un paro activo nacional

Los despidos en el Estado ya llegan a los dos mil, producto del “pacto fiscal” y el plan de “dotaciones óptimas”. Por medio del último DNU bajo la llamada “desburocratización” se habilita mayores condiciones de flexibilización y ajuste de la planta del Estado a partir de las nuevas modalidades de gestión estatal y la reducción de competencias, es decir algo que no dista mucho de ser un achicamiento de las funciones del Estado.

La orientación de ATE Capital en todos los conflictos responde a su política de unidad con el moyanismo y el PJ, tal como reivindicó Daniel Catalano en el plenario del 12 de diciembre: el kirchnerismo sindical se comporta como un ala del PJ que sostiene a la coalición de gobierno. Tampoco la Verde de ATE Nacional ha dado muestras de desarrollar una política superadora: rechazó una acción conjunta de Fanazul, UEP y los municipales de Quilmes en el momento de mayor intensidad de esas luchas.

Después de las históricas jornadas de diciembre está planteada la necesidad de un paro activo nacional y un plan de lucha para enfrentar los despidos en el Estado, en la perspectiva de un Congreso de Bases, para superar la política de las direcciones burocráticas y forjar la unidad de los trabajadores por abajo.