Hace unas semanas denunciamos desde Prensa Obrera una situación de persecución y hostigamiento contra nuestra compañera Soledad Sosa por parte de la Corte y quienes aplican su política de ajuste y flexibilización laboral.

Está situación se ha agravado teniendo en curso dos sumarios y constantes represalias a su grupo de trabajo por haber adherido al último paro judicial. Sin embargo, la denuncia al administrador y al director de RRHH que realizó Soledad a fines de 2020, debido a situaciones de violencia laboral y de género, fue cajoneada por la Corte y recién se le dio curso cuando iniciamos la campaña pública, lo que demuestra la discrecionalidad con la que se maneja la Justicia, la cual tiene un carácter de clase definido.

La causa del segundo sumario refleja los métodos de una casta judicial totalmente antidemocrática que busca silenciar a los trabajadores, y es que siendo Soledad entrevistada por el Canal Acequia en su lugar de trabajo para expresar el reclamo de rotación quincenal, vacunación y protección en el marco de la segunda ola, los periodistas fueron expulsados del edificio por la policía a petición del administrador del tribunal bajo las órdenes de la Corte.

Desde que realizamos la denuncia pública de la situación sufrida por Soledad, son varios los casos que hemos recibido de distintas reparticiones, principalmente de mujeres trabajadoras judiciales, reflejando que esta situación de hostigamiento, persecución y misoginia se replica en toda la estructura del Poder Judicial. Es el caso de las profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI), quienes denuncian a su jefa -otra equiparada a la Corte en su salario sin cumplir requisitos para el cargo- por maltratos, imposición de doble turno y castigos a quienes se niegan a los traslados o a la quita indiscriminada de un ítem salarial. Estamos hablando de profesionales que atienden a víctimas de violencia intrafamiliar.

Es evidente que nos encontramos con una casta judicial compuesta por jueces/zas y sus equiparados que buscan desplegar una política de aleccionamiento contra los trabajadores para poder llevar adelante una política antiobrera en los distintos juzgados, la cual se ha manifestado en la sobreexplotación de los trabajadores durante la pandemia, la negación de licencias ante contagios de Covid, como así también, una política de ocultamiento de los casos para evitar tomar medidas (inhabilidades, cierre de juzgados) que pudieran afectar los niveles de “productividad” de los juzgados en beneficio de los grandes estudios jurídicos y las financieras.

Por otro lado, esta situación y las denuncias de violencia laboral y abuso de poder por parte de Soledad han destapado una situación estructural de trato misógino contra las trabajadoras judiciales, ya que existiendo elementos de sobra para corroborar el hostigamiento sobre Soledad, las autoridades han decidido mantener al administrador en su puesto, quien sigue teniendo actitudes hostiles y de maltrato.

Desde Partido Obrero y las distintas agrupaciones que conformamos venimos impulsando una fuerte campaña entre activistas y trabajadores, buscando miles de adhesiones y pronunciamientos sindicales, de las organizaciones piqueteras, de mujeres y de derechos humanos con el objetivo de amplificar la difusión del reclamo.

En este mismo sentido es que desde las bancadas parlamentarias del FIT en todo el país hemos presentado un proyecto de resolución contra el maltrato laboral, de género y sindical que sufren los y las judiciales. Para lo cual realizaremos una conferencia de prensa donde se volverá a exponer públicamente esta grave situación.

Hemos pedido al Inadi que emita un dictamen atento las groseras discriminaciones ideológicas, de género y sindicales que cometió la Corte contra la compañera Soledad en su calidad de mujer trabajadora, de diputada nacional por el FIT y secretaria adjunta de la CTA Autónoma Mendoza.

Reclamamos que el Poder Judicial cese su hostigamiento y persecución, archive los sumarios en trámite y de curso a la denuncia presentada por Soledad contra el administrador de su juzgado y el responsable de Recursos Humanos. Reclamar esto, es un derecho democrático elemental.

Acá podés sumar tu firma en adhesión al pronunciamiento.

https://docs.google.com/forms/d/1cmQsuKUg3wdYb3uksLLUDsUUII3fV2r0neAl2MGiuJc/

 

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