La segunda reunión de Comisión de Trabajo del Congreso para escuchar a expositores que opinaran sobre la reducción de la jornada laboral fue un nuevo acto de hipocresía compartido por casi todos.

En la primera reunión, Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la UIA, había afirmado “¿trabajar menos? ¿para qué? ¿está mal trabajar? ¿estamos en contra del trabajo? ¿para qué?¿para ir afuera a hacer qué? no hay derecho a cercenar el derecho al trabajo si la persona quiere trabajar”. Este señor sabe que hace 210 años se terminó la esclavitud directa, pero la indirecta, la asalariada, sigue vigente y es mucho mas rentable, por eso la embellece.

En esta oportunidad, nuevos representantes de la Unión Industrial y abogados de la patronal ratificaron que no era el momento para reducir la jornada, que las modificaciones debían plantearse sector por sector, que caería la productividad, que se deja afuera a los trabajadores informales y finalmente que no va a generar empleo porque la desocupación es solo del 6% y rechazaron la no afectación del salario. Porcentaje falso si se restan los planes sociales y se toma en cuenta el subempleo. Restando el primero y sumando el segundo no baja del 20%.

El representante de Came (medianas empresas) planteó que “no puede hablarse de empleador y trabajador de manera tajante” ya que “son todos compañeros de trabajo”. Otra hipocresía.

Todos plantearon la necesidad de definir cualquier modificación, no por ley, sino sector por sector y en las convenciones colectivas. Esto es una puerta abierta a la reforma laboral que entraría por la ventana de la reducción horaria en convenios sectoriales.

En defensa de los proyectos del kirchnerismo, la ministra de las Mujeres señaló que la reducción de la jornada laboral ayudaría a distribuir de forma más equitativa el trabajo doméstico no remunerado, que hoy recae en un 70% sobre las mujeres. Ahora bien, no figura dentro de su agenda la creación de dispositivos para socializar las tareas de cuidado y liberar a los hogares de esa carga que debería absorber el Estado.

Héctor Recalde, abogado laboralista y exdiputado kirchnerista, buscó apaciguar a la oposición patronal planteando que “la reducción aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo, a los empresarios les tiene que interesar” y reconoció “disminuir a 7 horas no es ningún acto revolucionario”. Como vemos, la defensa de los intereses patronales fue una línea común a todos los expositores peronistas, del sindicalismo, de los diputados de la Comisión y de los invitados, como el veterano abogado decano del sindicalismo pejotista.

Néstor Pitrola, quien fuera miembro de esta Comisión entre 2013 y 2015, indicó que Argentina está entre los países con mayor carga laboral del mundo y, cuando la producción está alta, al tope de las horas trabajadas por año.

Explicó la experiencia europea de los ‘90, cuando la condición para el ingreso de los países a la Unión monetaria era la flexibilidad laboral y la austeridad fiscal. Los capitalistas aceptaron reducir la jornada a cambio de aumentar la productividad del trabajo ya fuera por la intensificación de los ritmos, menores descansos durante la jornada o con nuevas tecnologías. O sea una mayor explotación. “Mediante el aumento de la plusvalía absoluta y la relativa, aumentando la composición orgánica con mayor capital fijo”, explicó Pitrola. Por otro lado, citó estudios recientes que demostraron que en 30 años no se generaron más puestos de trabajo.

Refiriéndose a Chile -reivindicada su actual disminución de jornada por algunos expositores- explicó que la mentada reducción a 40 horas admitía jornadas de 52 horas semanales dentro de un banco de horas mensual. “Acá pasó gato por liebre” concluyó.

En su exposición resaltó que con un 40% de trabajadores en la informalidad y más del 50% con salarios bajo la línea de pobreza, la mera reducción de la jornada agravará el pluriempleo como ocurre con docentes y enfermeras que trabajan en dos cargos de 10 a 12 horas.

Pitrola planteó la cuestión de fondo: “Bajo este capitalismo, sobremaduro y en descomposición, caracterizado por guerras, por atropellos imperiales contra las naciones, por una brutal desigualdad social, caracterizado por desocupaciones masivas, por la crisis migratoria mundial, el desarrollo de las fuerzas productivas no se traduce en mejoras para los trabajadores, se traduce en una mayor explotación.”

“Que esta reducción de la jornada no sea la zanahoria de una reforma laboral. En nuestro concepto, el reparto de las horas de trabajo va atado a un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, a terminar con el trabajo en negro, con el falso monotributo que encubre el fraude laboral y a recomponer el sistema jubilatorio. Es decir, a una reorganización económica bajo la dirección de los trabajadores.”

La presencia de la burocracia fue importante porque son los que vienen impulsando estos proyectos con el propósito de abrir la negociación de la reforma laboral por sector. Manrique, secretario gremial de la CGT, aclaró “no soy clasista, soy peronista” para conciliar con la patronal presente. Culpó a los empresarios de los males actuales, pero no explicó qué ha hecho la CGT en décadas para impedir la precarización y tercerización laboral que en muchos casos, como el de Pedraza en los ferrocarriles, los encuentran como patrones.

Daer exhibió un informe de la OCDE, otra institución internacional del gran capital que critica la extensa jornada laboral argentina, para demostrar que estos proyectos “no salen de la cabeza de ningún compañero con ideas raras”.

Como si fuera un cronista y no el secretario general de la CGT, comparó la alta tasa de empleo registrado de hace 30 años y la duplicación del PBI en la actualidad y se preguntó “¿Adónde está esa productividad? ¿Quién se la llevó? los salarios cayeron, las condiciones de trabajo lo mismo y el aumento de la productividad fue exponencial”. Luego invitó a las patronales a analizar con tiempo cómo se instrumentaba la reducción de la jornada, sin condicionamientos para agregar “yo acordaba con Néstor (Pitrola) hasta que puso los condicionantes de un salario que cumpla esto y lo otro… así esta ley no sale más”. Sin embargo, no tuvo problema en reconocer que “tenemos los salarios por el piso medidos en dólares.”

Lo que explicó Néstor fue el planteo antagónico al tipo de reducción de jornada que ha servido en Europa, Corea y otros países para hacer más plástica la explotación del capital con jornadas que bajan y suben de acuerdo a los flujos productivos. Él explicó el planteamiento del PO de reparto de las horas de trabajo disponibles y las condiciones que deben rodearlo, lo cual “corresponde a una reorganización económica bajo la dirección de los trabajadores”. Nada más, ni nada menos, que el concepto de escala móvil de horas de trabajo del Programa de Transición de León Trotsky.

Con bajos salarios, la reducción de horas alentará el pluriempleo, las horas extras y la prolongación de la jornada total de trabajo. Ni ocio, ni deporte, ni cultura, ni vida familiar.

Este aspecto es el principal defecto del proyecto de Del Caño ya que no plantea el salario mínimo en ninguno de sus artículos, y deja afuera de los beneficios de la ley por uno o dos años a los trabajadores de medianas y pequeñas empresas. Lo acompañaremos de llegar al recinto porque establece un control obrero para garantizar el reparto de las horas de trabajo, pero plantearemos que la cuestión del salario mínimo equivalente a la canasta familiar sea incorporada en un posible dictamen de minoría y que no haya distinción en el tema tamaño de las empresas, algo que incluso Daer planteó con claridad, que la ley sea para todas.

A varios expositores del peronismo les molestó el planteo de Pitrola, quien advirtió el tufillo de mera maniobra electoral por el voto a Massa que tienen, no ya los proyectos sino todo este debate, sin límite alguno de tiempos, ni de ruta para que salga dictamen y pase al recinto. Los gobiernos capitalistas, sin excepción, han implementado las formas de reducción en acuerdo con las organizaciones empresariales.

Cerrando su participación, Pitrola insistió en la responsabilidad patronal en la miseria salarial, la informalidad y el fraude laboral como en la fuga de capitales. Denunció que, a pesar de que se votaron leyes que rebajaron los aportes patronales, el trabajo informal no dejó de crecer y que el que paga en negro al mismo tiempo evade por sus ingresos en negro perdiendo la Anses. Las reformas laborales que ahora se menean serán el blanqueo en las mismas condiciones de ausencia de derechos que hoy tiene el trabajo no registrado. En ese sentido, también denunció el pacto Milei-Barrionuevo, quien se declaró partidario de una reforma gremio por gremio.

Reivindicó finalmente la lucha de los trabajadores del subte que, aún habiendo conquistado hace 23 años las 6 horas por insalubridad, hoy reclaman el legítimo doble franco semanal que además disminuiría la exposición al asbesto cancerígeno que mata trabajadores y afecta a los usuarios.

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