Sindicales

10/5/2022

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Reforma del Estatuto Docente en CABA: una reforma laboral reaccionaria y encubierta

Imagen de archivo

La reforma del Estatuto docente anunciada por Larreta está en marcha. Este jueves 12 de mayo, el oficialismo se apresta a votarla en medio del rechazo docente, que crece en la comprensión del carácter reaccionario de la mencionada reforma, el cual se traduce en un paro y movilización convocado por Ademys; la medida sigue creciendo en las escuelas e institutos de formación docente.

Dicha reforma introduce el salario por mérito y una diferenciación salarial a la baja mediante la incorporación al Estatuto Docente de un número ínfimo de cargos, ya existentes en el nivel primario (maestro acompañante de trayectorias educativas -Mate), y el novel de Coordinador de Trayectorias Educativas, ambos cargos ahora serían para el nivel inicial y primario. Esta modificación, denominada por el gobierno como “ascenso horizontal”, es utilizada para legalizar una diferenciación salarial que al día de la fecha no sería superior a los 3.000 pesos, pero además de la cifra escandalosa equivalente a menos de 5 kilos de yerba, no cubre en absoluto las necesidades reales educativas ni los planteos docentes entre quienes dicha carrera horizontal no tuvo ecos de aceptación, la cual además cristaliza el desplazamiento de las actuales conducciones escolares de los roles de coordinación y seguimiento pedagógico, profundizando un rol de corte gerencial, por lo tanto, alejado de la labor docente.

Las necesidades en las escuelas pasan por carriles diferentes a los planteados por Larreta-Acuña; la mayoría de ellas son provocadas por la miseria social, el hambre y la desocupación causada por el gobierno antieducación pública, que también desfinancia los presupuestos educativos. Esto se combina con las necesidades salariales que atraviesa la docencia, que no ha dejado de perder contra la inflación y los aumentos elevados del costo de vida. Incluso ahora, a partir de la incorporación del salario por mérito a través de la posibilidad abierta por y para el gobierno de imponer trayectos formativos obligatorios a través de cursos y de otros introducidos como de incentivo, las dificultades salariales llevan en diferentes casos a la docencia a trabajar en dos y tres cargos, afectando la salud y la organización familiar con la doble carga que esto implica en un gremio con mayoría de mujeres.

Pero Juntos por el Cambio no se ha privado de nada en cuanto a su proyecto antidocente y antieducativo: intenta consagrar la vulneración de derechos ejercida por parte del Estado porteño sobre miles de docentes de diferentes niveles y programas, entre ellos el nivel superior contra quienes Larreta-Acuña desenvuelven una política que consolida la reforma denominada Unicaba por diferente vías: la restricción del derecho a la estabilidad laboral de la docencia, por lo tanto, de la titularización que hace más de una década incumple, la imposibilidad de elegir autoridades de los institutos de formación a causa de la falta de profesores titulares por el incumplimiento gubernamental mencionado, con lo cual el avasallamiento también está orquestado para asestar un golpe a la autonomía de los institutos de formación docente y el cierre paulatino, vaciamiento mediante.

En los últimos días, las jornadas institucionales del nivel medio y superior, fundamentalmente, se han constituido como asambleas con voces de rechazo a la reforma, a la titularización ultralimitada y la reforma del régimen académico, que en el nivel medio degrada los procesos educativos.

El mismo día, la Marcha Federal contra el hambre, la miseria, la desocupación y los bajos salarios arriba a Plaza de Mayo, la docencia combativa confluirá con sus reclamos propios y en apoyo a los reclamos generales que atraviesan las paredes de las escuelas públicas de todo el país.

La continuidad de la lucha por la titularización de los docentes terciarios, socioeducativos, dependientes de Cultura, entre otros, promete más episodios de conflictividad que, junto a las necesidades salariales crecientes y las condiciones laborales y educativas de conjunto, trazan una hoja de ruta signada por la defensa de la educación pública.