Sindicales
5/6/2024
Reforma laboral: el dictamen del Senado profundizó el contenido antiobrero de la Ley Bases
El gobierno busca destruir la relación de dependencia y la acción sindical para terminar con el derecho laboral.
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Senado.
El dictamen del Senado para el tratamiento de la Ley Bases en el recinto no solo expresó diversos compromisos forzados entre el gobierno y la oposición patronal, sino que también amplió las reformas antiobreras, atacando la presunción de relación de dependencia como garantía de los trabajadores contra el fraude laboral y prácticamente prohibiendo las acciones sindicales: puntos en los que la burguesía cierra filas contra los trabajadores.
El gobierno volvió en las negociaciones en el Senado con algunos de los puntos más duros de su reforma laboral, presentes en el polémico DNU 70/23.
En este orden de cosas, entre las reformas del dictamen se incorporó una alusión directa a la exclusión de los contratos de obra y de servicios de la Ley de Contratos de Trabajo, y la inversión de los términos de la presunción de la relación de dependencia del art. 23 de la LCT, que tiene por finalidad resguardar al trabajador del fraude laboral de las patronales.
La legislación actual actúa bajo el presupuesto del principio de primacía de la realidad, por lo que para determinar qué régimen legal debe aplicarse a determinada relación no importa lo que las partes hayan “acordado” sino la realidad subyacente, imponiéndose la presunción de que ante la duda estaremos ante una relación de dependencia laboral, con todas sus obligaciones.
El gobierno y la oposición patronal buscan eliminar dicha presunción, reivindicando una supuesta “libertad de las partes” para contratar y convenir cómo regular su relación: un fraude que busca oculta la primacía indiscutida de las patronales a la hora de fijar condiciones a trabajadores aislados, sin empleo ni recursos alternativos.
El dictamen del Senado establece en uno de sus artículos que la presunción de la existencia del contrato de trabajo “no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente; dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social”.
Esto implica legalizar el fraude laboral imponiendo formas contractuales del Código Civil y Comercial que dejan por fuera los derechos laborales: una vuelta de tuerca más a una tendencia en la que las patronales vienen trabajando desde hace años.
Otro eje importante del dictamen es la modificación del art. 242 de la LCT, que prácticamente prohíbe las protestas y acciones gremiales dado que toda acción, incluso la huelga lisa y llana, podría encuadrarse en las conductas reprimidas por el proyecto como “injurias graves” del trabajador. Por esta vía se busca ilegalizar, en la práctica, toda acción sindical.
Cabe recordar que el proyecto con media sanción de Diputado ya contiene otros ataques profundos contra los trabajadores, como la eliminación de las multas a las patronales por trabajo no registrado o mal registrado, y las posibilidades de suplir las indemnizaciones por un Fondo de Cese Laboral por medio de las paritarias.
El dictamen insiste con la figura de “trabajadores independientes”, aunque reduciendo de 5 a 3 la cantidad de “colaboradores” que estos pueden tener a su cargo, sin ser incluidos en el régimen del contrato de trabajo.
Ahora, resta ver lo que ocurra en el debate y las negociaciones en el recinto del Senado donde pueden aparecer nuevas modificaciones antiobreras que reincorporen lo que el gobierno fue sacando para que la Ley Bases fuera más digerible. Lo que queda en claro es que las negociaciones entre los bloques políticos patronales no han servido para aminorar los daños antiobreros de la Ley Bases, sino todo lo contrario.
