Reforma y ajuste: media sanción al régimen 39 en la salud mendocina

La Cámara de Diputados dio (por 31 votos contra 8) media sanción al Régimen 39 para el personal no profesional de la salud. El gobernador Alfredo Cornejo lo presenta como una opción voluntaria para mejorar los ingresos, pero el proyecto entrega al Ejecutivo el control de la actualización salarial y coloca una parte importante del sueldo, la carrera y hasta la continuidad laboral bajo las evaluaciones de las autoridades.

El salario se calculará mediante un Módulo de Gestión Sanitaria cuyo valor inicial es de $220.000. Después, será el Poder Ejecutivo quien lo fije “periódicamente”, sin una pauta de actualización establecida ni negociación paritaria para definirlo. El gobierno se da herramientas para fijar los salarios a su voluntad, quitándole peso a la discusión paritaria. Por otro lado, con salarios deteriorados la adhesión “voluntaria” se convierte en una forma de presión para cambiarse al régimen 39 y abandonar la defensa colectiva de las condiciones de trabajo del régimen 15.

A ese poder se suma el componente variable por “eficiencia”. Los superiores evaluarán el cumplimiento de objetivos; una calificación insuficiente deja al trabajador sin ese adicional, mientras que sólo el 20% de cada unidad podrá ser calificado como sobresaliente. El gobierno fija las metas, administra los recursos con que deben cumplirse y pone a sus jefaturas a calificar los resultados. Si faltan insumos o personal, el problema del servicio puede terminar convertido en una mala nota para quien lo sostiene todos los días. Peor aún, este componente podrá ser descontado en caso de “inasistencia injustificada”, lo que incluiría por ejemplo, la adhesión a un paro.

El proyecto también amplía las herramientas de disciplinamiento dentro de hospitales y centros de salud. El jefe inmediato podrá imponer apercibimientos y suspensiones de hasta cinco días, con pérdida de haberes. Esas sanciones afectan los adicionales, bloquean promociones y su acumulación puede contribuir a una cesantía. Más grave aún, tres calificaciones trimestrales consecutivas de “insuficiente” permiten extinguir la relación laboral sin sumario disciplinario.

Esto es particularmente grave para los servicios de enfermería y los técnicos en salud, donde es una práctica habitual el hostigamiento por parte de las jefaturas. Con el nuevo régimen tendrán más facultades para cambiar los lugares de trabajo como forma de disciplinamiento. En contextos como estos, darle a esas jerarquías más capacidad para incidir sobre el sueldo y la permanencia sobre los trabajadores es un instrumento para facilitar la transmisión de las metas de ajuste del gobierno.

El antecedente del Régimen 38 para médicos muestra además que “voluntario” no significa acceso universal. Los prestadores y contratados continuamos sin poder pasar a planta permanente, sin que se reconozca la relación de dependencia formalmente. Las jefaturas estuvieron entre los primeros en pasar al nuevo régimen mientras para miles de trabajadores el régimen 38 permanece como una promesa.

De conjunto, la ofensiva tiene un blanco antisindical: por un lado, sacar del ámbito de la negociación colectiva la definición efectiva de los salarios y desacreditar las paritarias. Y por otro, quizás más importante, condiciona fuertemente la decisión de adherir a un paro por la consecuencia del descuento tanto del presentismo como del componente variable. Mendoza ya conoce este mecanismo. Entre los docentes, el ítem aula funcionó como una presión económica para no faltar ni adherir a medidas de fuerza. Por eso fue rebautizado como “ítem jaula”. En salud, la combinación de presentismo y premio por eficiencia amenaza con funcionar como un ítem grillete, que ata al trabajador al servicio incluso cuando necesita luchar por su salario y sus condiciones de trabajo.

Por todo esto debemos rechazar esta reforma laboral encubierta del gobierno de Cornejo. El gobierno de Cambiemos es el responsable de un ajuste sistemático sobre la salud y la educación en nombre de mantener un “superávit fiscal”. Este proyecto de ley, que todavía debe ser aprobado en el Senado, no escapa a esa lógica.

ATE realizó una asamblea ante la Legislatura y votó un paro sin fecha para noviembre. La burocracia sindical ha sido incapaz de desarrollar la deliberación entre los trabajadores, con asambleas en los lugares de trabajo, proponiendo medidas de acción para enfrentar una ley clave para la vida de los trabajadores de la salud. Sus vínculos con el gobierno, al que le ha firmado incontables paritarias a la baja, le impiden llevar este proceso hasta sus últimas consecuencias a pesar de que la ley es contraria a sus intereses.

Necesitamos organizarnos de manera independiente del gobierno y de las conducciones sindicales que pretendan administrar esta reforma. Hay que poner en pie asambleas y mandatos de base para impulsar un paro general de la salud contra el ajuste de Cornejo, por una recomposición salarial discutida en paritarias, mejores condiciones de trabajo y el pase a planta de todos los prestadores. Transformemos el paro de ATE en una intervención independiente de los trabajadores contra el gobierno ajustador de Cornejo.

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