Al extenderse la pandemia del coronavirus en la Argentina, se agravaron todas las condiciones que hacían del reparto uno de los trabajos más precarizados del país. El paro nacional e internacional del 22 de abril es, en parte, una consecuencia de esta situación. Por otro lado, se debe a un proceso de organización creciente en las bases del gremio. El paro está en marcha, superando toda clase de obstáculos, que no son pocos. Desde las difíciles condiciones laborales, hasta la dificultad que implica la enorme dispersión física propia de la tarea. Ni hablar de la completa inacción de las burocracias sindicales. Cómo llegamos a esta situación. En esta nota repasamos quiénes colaboraron y cómo.

El gobierno

Una de las primeras decisiones que tomó Alberto Fernández frente a la expansión de la pandemia fue la de cerrar el congreso, mandando a su casa a los 72 senadores y los 257 diputados, con el supuesto objetivo de evitar que el parlamento se convierta en un foco de contagio. La suerte de las decenas de miles de repartidores en todo el país fue otra muy distinta, a pesar de que, por la naturaleza de su trabajo, son potencialmente un vehículo de contagio para toda la población. Y sobre todo a pesar de que las condiciones bajo las cuales tienen que trabajar son de absoluta desprotección, lo cual potencia los riesgos que corren de por sí todos aquellos que quedaron exceptuados de acatar la cuarentena. Como las decisiones de quiénes y cómo deben continuar cumpliendo funciones durante el aislamiento social las toma Alberto Fernández personalmente por medio de decretos de necesidad y urgencia, es enteramente suya la responsabilidad sobre la vida y la salud de los repartidores que desde hace un mes los obliga a seguir trabajando.

Nadie en el entorno de Alberto Fernández o en el Frente de Todos puede decir que desconozca esta situación. A principios de marzo, trascendió en los principales medios del país un proyecto de ley del oficialismo para regular el trabajo en las aplicaciones. El proyecto nunca se presentó, y luego se cerró el congreso. Si bien el proyecto dejaba a los repartidores por fuera de la Ley de Contratos de Trabajo (poniéndolos arbitrariamente por fuera de los derechos históricamente conquistados por la clase trabajadora), el reconocimiento de la relación laboral entre el delivery y la empresa significaba un progreso para los miles de repartidores que exigen el pago por parte de las empresas de ART, seguro de vida, indemnizaciones por despido, etc.

El gobierno primero coqueteó con reconocer la precarización de los trabajadores de reparto, y acto seguido los considera esenciales, sin resolver por eso ninguno de los aspectos en que la precariedad laboral potencia sobre ellos los efectos de la pandemia.

A este cuadro hay que sumar cómo afecta en el gremio el despliegue policial que el gobierno impuso en las calles de la mano de la cuarentena. Muy lejos de colaborar en cualquier medida sanitaria, las fuerzas de seguridad cumplen un rol disuasivo para la población. El objetivo de este despliegue es prevenir el desborde que puede provocar el empeoramiento de la crisis social que atraviesan amplias capas de la población trabajadora. Los repartidores de todo el país saben esto muy bien porque han sido objeto del hostigamiento policial. En ese sentido se explica por ejemplo el video que muestra cómo se llevan preso a un repartidor en el barrio porteño de Villa Crespo, u otro en que se observa la represión policial sobre un grupo de repartidores en Rosario cuando se reunieron para reclamar por una serie de casos de inseguridad.

En cuanto al impacto de la crisis sobre este sector, el decreto presidencial que otorga un subsidio de 10 mil pesos por única vez deja afuera a muchos repartidores que a pesar de aplicar por ser monotributistas, no cuentan con la antigüedad de residencia en el país estipulada. 

Las empresas

Las patronales de las apps de delivery explotan a su favor la crisis desatada por la pandemia. Por un lado, con el permiso del gobierno de seguir operando, se aprovechan de la falsa independencia de los repartidores que los empuja a seguir trabajando bajo cualquier circunstancia. El problema es simple: el que no reparte, no come. Por otro lado, la amenaza de la enfermedad impulsa la demanda. El cliente cree resguardarse del coronavirus porque se queda en su casa, pero desconoce el riesgo al que se expone el repartidor que le acerca la mercadería. Matías Casoy, el gerente de Rappi para Argentina, admite en una entrevista a Infobae que las ventas aumentaron, sobre todo en lo que respecta a artículos de supermercado y farmacia. También da cuenta de un aumento en la demanda el hecho de Rappi esté reclutando repartidores en plena cuarentena.

Como se dijo antes, este cuadro de bonanza empresaria no viene aparejado de ninguna medida para resguardar la salud de los repartidores. No entregan elementos de seguridad e higiene, ni si quiera en los distritos como CABA o La Plata donde el uso de barbijo pasó a ser obligatorio. Ni qué hablar de la demanda elemental  completamente desatendida desde antes de la pandemia, de que las empresas aumenten el precio que paga al trabajador por cada envío. El pago oscila entre 50 y 100 pesos por envío. Este valor no se actualiza a pesar de la devaluación y la inflación galopante (significa entre 0.50 y 1 dólar por viaje para una empresa como Rappi que facturó  30 millones de dólares en 2018). Mientras niegan este reclamo esencial, la hipocresía patronal no encuentra límites. Es el caso de Rappi que gasta dinero en una publicidad donde califica de héroes a los repartidores que negrea, o la iniciativa de Glovo de anunciar un aumento de tipo "promoción" para el día en que está convocada la medida de fuerza.

Los empresarios de este rubro no se diferencian de otros tantos que buscan aprovechar el empeoramiento de la situación social para presionar a los trabajadores y que acepten un retroceso en sus condiciones de vida.

Los trabajadores

Como decíamos al principio, la organización y al lucha de los trabajadores de reparto no surge de un día al otro. Desde que arrancó el año las diferentes medidas de huelga aumentaron a lo largo y ancho del país. Hubo paros masivos en Mar del Plata, Rosario y Neuquén, y otras medidas de protesta menores en varias provincias. La pandemia vino a acentuar las condiciones que empujan al gremio a la lucha. Haber organizado un paro en las difíciles condiciones que impone la cuarentena es producto de un proceso que se abre paso con fuerza desde las bases. En este proceso intervienen activamente la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers unidos de Argentina (GuA). Se trata de agrupamientos que surgen de la base del gremio, y que convocan al conjunto de los trabajadores a deliberar una orientación de lucha y construir la relación de fuerzas para conquistar las reivindicaciones elementales de los trabajadores.

La burocracia sindical en todas sus expresiones está de brazos cruzados viendo pasar la lucha. A esto se corresponde su desprestigio total entre los repartidores, desde el gigante sindicato de comercio (que nuclea a algunos repartidores y shoppers en las provincias donde no rige un convenio específico), hasta la novedosa APP (agrupación del personal de plataformas), que podría haber servido de canal para la elección de delegados de base, pero sus organizadores prefirieron orientar su actividad en hacer lobby ante la cúpula de la CGT y la CTA. La burocracia del proto sindicato platense ACRI se llevó los laureles del carnerismo el año pasado al filtrarse un audio de un miembro de su directiva en el cual revelaba que la próxima vez que los repartidores hicieran un corte sin su consentimiento los harían reprimir por la policía. Una confesión nítida del rol que cumplen cotidianamente.

El paro de repartidores del 22 de abril se inscribe dentro de un marco en el cual la clase trabajadora empieza a intervenir en la situación política. Así lo demuestra el paro de la carne en respuesta a la represión en el frigorífico Penta de Quilmes, el paro reciente de la uta en las provincias. Los compañeros de ATR y GuA incluso tejieron vínculos con colectivos de trabajadores de reparto de otros países como Guatemala, Perú o España, en la perspectiva de darle un contenido internacional a la lucha contra las multinacionales negreras. Los repartidores son un ejemplo vivo de cómo la clase trabajadora se prepara para la etapa que se abre en el país y en el mundo ante la bancarrota capitalista acicateada por el coronavirus.