El PTS ha motorizado una carta entre “diputados y senadores nacionales y provinciales y legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” al embajador norteamericano, Kevin Sullivan, para “interiorizarlo en el conflicto desatado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires a causa de los despidos y suspensiones implementados por la multinacional norteamericana Lear Corporation y la preocupante situación que viven los trabajadores de Donnelley Argentina SA donde la gráfica de capitales estadounidenses ha anunciado su intención de proceder al despido de casi el 35% del personal” (textual).

“La Embajada” es el lugar de toda conspiración contra el país y la clase obrera. Es el emblema de la dominación imperialista, por realidad y por historia. Es la destinataria de todas las movilizaciones antiimperialistas en la Argentina, incluso por el retiro de la tropas de Haití -con justa razón: el mandante de ese desembarco de tropas latinoamericanas contra el pueblo hermano es Estados Unidos. Es la representación política del Estado de los fondos buitre y de las multinacionales que operan en el país.

La carta desafina incluso al acusar a estas multinacionales de “incumplir las leyes argentinas”, como si cumpliéndolas los obreros estuviesen salvados y como si el gobierno no fuera responsable político del ajuste. Cuando aquí rige el recurso de crisis, la indemnización sin causa, las suspensiones, el arbitraje antiobrero del Estado y hay una Justicia y unas fuerzas de seguridad que operan con estas patronales.

Una mediación de este tipo fue planteada por el PRT-La Verdad de Nahuel Moreno en la histórica huelga de General Motors Barracas, en 1969. La propuesta recibió el repudio del activismo en lucha y de la izquierda revolucionaria de la época.

Una cosa sería una manifestación de protesta y de lucha por Lear y Donnelley ante el edificio de La Embajada, pero otra muy distinta es pedir una reunión formal de ‘gestión’ al embajador, como si la Embajada fuera ajena al accionar de las multinacionales. El Partido Obrero no firmó esa vergonzosa carta y llama a retirarla de circulación, porque es un acto de sumisión colonial. La Embajada es la bisagra para viabilizar el pago usurario a los fondos buitres y la defensa del derecho al despido de las patronales. Entre las ‘leyes argentinas’ que defienden el PTS y sus ocasionales aliados, se encuentra el tratado de inversiones recíprocas entre Estados Unidos y Argentina, que protege el derecho de propiedad de los buitres como Lear, Donnelley y todas las patronales.