Las conducciones de UPCN y ATE aceptaron en la llamada “revisión” de la paritaria estatal una actualización salarial adicional de 5%, sobre el mísero 35% pactado en mayo. Nuevamente, sin siquiera consultar a los estatales. La nueva pauta de 40% queda 10 puntos por debajo de la inflación interanual, del 51% en el nivel general y llega al 56% en alimentos y bebidas. El gobierno y las direcciones sindicales profundizan así la destrucción del poder de compra del salario estatal, estimada en más del 40% en los últimos 5 años.

En un intento por maquillar este robo, se han adelantado para agosto, septiembre y octubre (tres meses) las cuotas que estaban previstas para diciembre (4%), enero (6%) y febrero de 2022 (5%), y se establece una nueva revisión para enero de 2022. En resumen, la pauta firmada en mayo se cobrará toda en 2021, y se agrega un 5% a cobrar en enero de 2022. Lo que ocultan es que las cuotas siguen calculándose sobre el salario de mayo, ya pulverizado tras la rebaja salarial de 2020.

Este acuerdo consagra un salario de hambre en el Estado. La categoría testigo del convenio mayoritario –C0  del Sinep- cobrará $46.154 en septiembre, quedando $21.423 por debajo de la canasta básica que mide el Indec y fija que para no ser pobre se necesitaron $67.577 en julio 2021. Prácticamente la totalidad del escalafón Sinep queda hundido debajo de la canasta familiar calculada por la Junta Interna de ATE Iindec, hoy en $103.000. Miles de monotributistas quedan por fuera de este acuerdo, teniendo que soportar con salarios congelados el impuestazo de Afip. Nada dice sobre el costo económico del teletrabajo que viene siendo descargado sobre las espaldas de los estatales durante la pandemia, cuando corresponden a la patronal y deberían estar incorporados al salario.

Esta ruinosa “revisión” salarial es un capítulo transcendental de la política de entrega de las cuentas públicas al FMI, que monitorea de cerca el ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno, asimismo, por la vía del pisoteo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la eliminación de asistencia social en pandemia y los recortes jubilatorios, y que tiene por objetivo establecer garantías para un nuevo acuerdo de deuda.

UPCN y ATE propagandizan este ajuste bajo la falsa promesa de que “los salarios le ganen a la inflación”. La conducción de ATE Capital aceptó sin chistar, apenas con una crítica hacia las direcciones nacionales por firmar una pauta inferior al 45% que supuestamente había prometido el gobierno.

Esta entrega salarial intenta ser ocultada mediante la maniobra de la apertura de negociaciones sectoriales, que históricamente reproducían la pauta salarial general sin agregar ni un peso. Su repentina apertura es la demostración de que el salario está completamente destruido.

Es el caso de los parches salariales introducidos en el convenio sectorial Sinep, el principal entre los estatales nacionales. El 10% de aumento en la cantidad de “unidades retributivas” que conforman el salario fue presentado como un incremento adicional al 40%, para disfrazar un supuesto impacto total de 50%; lo que ocurre en realidad es que ese 10% disminuye a largo del escalafón -se computa únicamente sobre una parte del salario, excluyendo entre otros el adicional por grado (una antigüedad trucha).

Por su parte, el suplemento por título del Agrupamiento Profesional del Sinep se incrementó del 35% al 40% y el correspondiente al Agrupamiento Científico y Técnico pasa del 40% al 50%, pero sólo impacta sobre profesionales de planta permanente, profundizando la brecha salarial con los escalafones más bajos y con los trabajadores precarizados. El adicional por título para contratados artículo 9 de la Ley 25.164 (“Ley Marco”), que fue conquistado mediante la lucha en 2011, no fue tocado y quedó en 20%, demostrando que la precarización y el fraude laboral en el Estado continúa siendo un arma de todos los gobiernos para producir todo tipo de discriminación salarial. Ninguno de estos parches revierte el empobrecimiento general del salario en el Sinep.

Por otro lado, se aprobó el pago de suplemento por función específica para organismos encuadrados en actividades científicas, lo cual es completamente correcto. Representa un adicional de entre 30% y 50% sobre el básico, que no se estaba cobrando a pesar de estar habilitado por el artículo 87 del Sinep. ATE Nacional ha presentado esto como un supuesto “aumento” conquistado mediante negociación, cuando en realidad se trata de la aplicación de ítems salariales que ya estaban previstos en el convenio pero que no se pagaban. Una estafa. Siguiendo esta lógica, debió reclamar este “aumento” en el resto de los organismos donde puede aplicarse esta cláusula salarial de manera inmediata atendiendo a la especificidad de las tareas. Pero no lo hizo.

El cuadro de entrega salarial y el intento de salvataje mediante parches demuestran la justeza del programa que viene levantando el espacio de Juntas Internas de ATE en donde se nuclean gran parte del activismo del Estado nacional  y que ha empalmado con el pliego de reivindicaciones de las y los trabajadoras del Hospital Garrahan, por un aumento de 50% en una sola cuota para recuperar lo perdido en los últimos años, salario igual a la canasta familiar de $103.000 con indexación automática según inflación, pase a planta permanente y por paritarios elegidos en asamblea que respeten mandatos de base.

Derrotar un ajuste de semejante envergadura reclama organizar toda la fuerza de las y los trabajadores. Es fundamental, a la vez, propagandizar las responsabilidades políticas detrás de este ajuste y superar a las burocracias de UPCN y ATE integradas a la patronal. La vigencia del método de la autoconvocatoria y de la independencia política respecto del gobierno, además de un programa acertado, son los ejes para defender el reagrupamiento de juntas internas de ATE alrededor de una planteo lucha en defensa del salario y de las condiciones de vida de las y los estatales.