En las oficinas del Senado de la Nación se acaba de consumar un hecho bochornoso: la CGT dio su aval a la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo (LRT), una propuesta largamente reclamada por las cámaras patronales y el gobierno.

 

La reforma ha sido aprobada por la comisión respectiva de la Cámara alta y pasará ahora a su tratamiento por el pleno del Senado, para que tenga media sanción.

 

La iniciativa oficial no se podría aprobar si no contara con la anuencia de la oposición, ya que el bloque Cambiemos es minoría en el Senado y en la comisión donde se trató.

 

Así las cosas, el 14 de diciembre se producirá la aprobación de un brutal ataque a las condiciones de trabajo de todo el movimiento obrero. Aunque inicialmente hubo dos dictámenes en el propio Senado sobre el tema, éstos se fusionaron y lo que la cámara alta enviará, para que se termine de convertir en ley en Diputados, es demoledor para los trabajadores.

 

Qué es lo que se va a aprobar:

 

1) A partir de esta reforma se instalará la imposición a los trabajadores de recurrir a las Comisiones Médicas (CCMM) como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones establecidas en la LRT u homologar acuerdos con las ART.

Esas Comisiones Médicas no tendrán ningún representante de médicos de los trabajadores o de los sindicatos en ninguna de las instancias provinciales o nacionales.

 

2) Se modificará discriminatoriamente la competencia judicial de los tribunales laborales y se dispondrá inconstitucionalmente que lo resuelto por las CCMM sólo podrá ser apelado ante la Justicia del lugar donde ésta intervino, alterando el procedimiento judicial vigente que habilita al trabajador a optar entre el lugar de ocurrencia del accidente, el de la prestación de servicios o el del domicilio legal del demandado (ART o empleador), algo que autoriza la actual ley 18.345, para reclamar ante la Justicia Nacional del Trabajo.

Esta modificación está dirigida a evitar que se presenten demandas en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde poseen su domicilio legal la mayoría de las aseguradoras. Ello, porque se quiere apartar a la Justicia nacional, que ha construido una jurisprudencia superior a la de las feudalizadas justicias provinciales a las que, de ahora en más, tendrá que recurrir el trabajador.

 

3) Un golpe adicional de las cámaras patronales a los damnificados por accidentes laborales o enfermedades profesionales es la creación de un servicio jurídico gratuito, a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para “defender a los trabajadores en las CCMM”. Se trata de un “servicio” a la producción y no a la salud del trabajador. Las cámaras empresarias logran, a través de este acuerdo ruinoso apoyado por la CGT, que la limitación a la llamada “industria del juicio” sea por la vía de tener a esos letrados como empleados. 

 

Como bien señala la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), que rechazó el proyecto que el gobierno remitió al Congreso es claro “que la iniciativa oficial pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas, proponiéndose dificultar y dilatar al extremo el acceso de los trabajadores a la Justicia, obligándolos a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”. Sólo habría que agregarle que han contado para ello con el apoyo de la burocracia sindical.

 

Los graves problemas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se han agravado bajo los gobiernos K y M. Por eso resulta clave, para ponerle límites a esta enorme ofensiva patronal, del gobierno, las cámaras y la burocracia, activar y desarrollar comités obreros de seguridad e higiene.

 

El proyecto de ley presentado por el Partido Obrero no sólo sirve como un planteamiento político, sino también como una guía de acción para las internas y los cuerpos de delegados en materia de seguridad que se agravarán a partir de esta reforma.

 

Está planteada una gran campaña nacional en el movimiento obrero de rechazo a la reforma, de repudio a la aceptación de la CGT de la misma, y de una necesaria nueva ley de Accidentes de Trabajo que supere y reemplace a la vieja ley anterior a la flexibilización menemista, que fue luego mantenida por kirchneristas y macristas, y que elimine definitivamente las ART del mundo laboral.