Río Negro viene siendo noticia a nivel nacional por los escandalosos casos de Covid-19. En esta ocasión, se debe al funcionamiento de la obra social de los estatales, una vez más se pone de manifiesto la precariedad y las limitaciones del acceso a la salud con el agravante de la pandemia.

En nuestra provincia  la obra social es un anexo del Estado, por la tanto es administrada por los gobiernos de turno que la utilizan como caja negra para financiar campañas electorales y aumentar el clientelismo. En ese sentido, no es novedad que la obra social tenga un pésimo servicio hacia los afiliados. Ya sea por falta de cobertura en medicamentos y atenciones médicas, trabas burocráticas para concretar prestaciones, cambios de prótesis por otras de menor calidad y costo, o por los larguísimos períodos de espera para recibir los medicamentos para enfermedades complejas, o las demoras en los reintegros por las compras que deben efectuar los afiliados de su propio bolsillo. Esto es solo una muestra de la titánica tarea a la que se enfrentan los afiliados cada vez que necesiten algún tipo de cobertura.

A esto hay que sumarle la reciente medida de la obra social de retirar las dos órdenes de consultas  mensuales que venía otorgando "gratuitamente" (claramente costeadas con el aporte mensual) a los trabajadores/as de la educación por acuerdos alcanzados en su momento con la UnTER. Utiliza a la virtualidad como coartada para ajustar a los afiliados, los cuales perdieron derechos conquistados en un marco de aceleración de la inflación y en donde todos los médicos han subido sus coseguros aduciendo costos extras por seguridad e higiene.

Esto en apariencia resulta un detalle sin trascendencia, pero sin embargo desnuda por un lado la constante política de ajuste que desarrolla el gobierno de Carrera/Weretilneck en plena pandemia en materia de salud, mientras los funcionarios hablan permanente de solidaridad (pura demagogia). Por otro lado, la colaboración de las burocracias sindicales que por acción u omisión terminan convalidando el ajuste. La integración marginal de la UnTER a la mesa del Ipross (instituto provincial de seguridad de salud) no ha servido para mejorar las prestaciones y se ha sumido en un profundo silencio frente a este ajuste.

Por lo tanto, resulta evidente la ineficacia del sistema de salud en su conjunto y por lo cual cobra fundamental importancia la necesidad de que la obra social sea administrada por los trabajadores y no por la patronal.

La clase obrera debe intervenir de forma activa con un plan de lucha que ponga un freno al ajuste del gobierno, y coloque el sistema de salud y las obras sociales al servicio de los trabajadores/as.