Luego de meses de lucha, el congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) aprobó por mayoría el acuerdo salarial propuesto por el gobierno. La oferta salarial aceptada representa un aumento del 30% en cuotas para el primer semestre, lo cual significa un reacomodamiento de la oferta del 21%. Vale recordar que la primera propuesta fue del 16% hasta junio y la dirección sindical ya proponía aceptar la oferta del 21%.

La votación en el congreso fue ajustada, puesto que 116 congresales votaron la aceptación y 90 lo hicieron por el rechazo, lo cual refleja la poca diferencia que se procesó en las asambleas de base. Además, hay que señalar que en numerosas asambleas la aceptación fue con la cláusula de condicionamiento, es decir, que el aumento no sea en cuotas. Esto refleja que asistimos a un cierre transitorio de la huelga, puesto que el acuerdo es hasta julio, con grandes asambleas votando con condicionamientos y una fuerte disposición de lucha de un nuevo activismo que emergió en la huelga.

Este aspecto es central ya que marca la perspectiva de un nuevo proceso de lucha por nuestro salario y la necesidad de poner en pie la tarea estratégica de la recuperación de nuestra herramienta gremial por todos nuestros reclamos

Por llegar a este acuerdo, el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) desenvolvió diferentes estrategias en pos de imponer a la docencia su política de rebaja salarial para transferir esos recursos a los acreedores del plan Castello, mineras y petroleras que actúan en la provincia. En esa política, incluyeron los descuentos arbitrarios luego de convocar a una conciliación obligatoria que apuntaba a amedrentar a los docentes.

En declaraciones de la propia gobernadora se blanquea la política del Estado de avanzar en el “salario por mérito”, fragmentando el salario docente y el pago en bonos. Este hecho muestra hasta qué punto llegan los niveles de endeudamiento de la provincia y que nos retrotraen a los años posteriores al 2001, con los Lecops y los Patacones.

Asimismo, la huelga docente puso de manifiesto la tentativa del gobierno de profundizar la intervención en los sindicatos con el escándalo de Carrizo (viceministro de Educación) y sus audios, que se viralizaron cuando buscaba arrastrar a docentes a intervenir en las asambleas para aceptar la miseria ofrecida. Esta política confluyó nuevamente con la de la agrupación Azul Arancibia, que intentaba lo mismo pero que era impedida por la masiva participación en las asambleas de la docencia que se rebelaba en defensa de su salario y condiciones de trabajo.

A pesar de estas maniobras, el gobierno tuvo que recular en chancletas frente a la masividad y amplitud de la lucha docente, que generó un efecto contagio en el resto de los estatales y se vio obligado a llamarse a silencio, al mismo tiempo que devolvía los descuentos aún antes de saber si su propuesta del 30% sería aceptada.

Si bien la oferta está muy por debajo de nuestros reclamos, no deja de ser producto de una retroceso del gobierno y también de la burocracia sindical Azul Arancibia, que desde hace meses intentaba hacer aceptar la oferta del 21% sin conseguirlo, al mismo tiempo que militó abiertamente contra cualquier plan de lucha que se fuera constituyendo

En lo respectivo a la conducción Azul Arancibia, los festejos en el último congreso de Fiske Menuco, las invitaciones a la oposición a irse del sindicato, las provocaciones personales de las que fueron objeto los militantes de la oposición, en general y de Tribuna Docente, en particular, y sobre todo la negativa a denunciar la patoteada de la conducción de ATE contra los trabajadores hospitalarios nucleados en ASSSPUR, muestran los límites de una agrupación absolutamente cooptada por el Estado patronal cuyos intereses defiende al costo de entregar nuevamente a los docentes y sus reclamos.

Por otro lado, la agrupación Celeste, que dirige principalmente la importante seccional Bariloche, esta última semana militó la aceptación y directamente no participó en las últimas asambleas de seccionales, como Fiske, sumado a que en el anteúltimo congreso presentó una moción en contra de la oposición combativa, muestrando que son un aliado de la conducción cuando la situación lo amerita. Sin contar que rechazan sistemáticamente denunciar a la Ctera que ellos mismos dirigen, cuando se la acusa de abandonar las luchas de los docentes en las provincias y apoya la política de ajuste del gobierno nacional del cual forman parte.

La oposición combativa encabezada por las seccionales Valle Medio, Allen, Cipolletti y Río Colorado, fue en este proceso la interlocutora de las tendencias de lucha de la docencia y de la necesidad de ir a una lucha franca contra el gobierno y sus socios internos en la Unter. De la mano de este reagrupamiento, los docentes salieron masivamente a la calle y pararon con históricos niveles de acatamiento, que obligaron al gobierno a devolver inmediatamente los descuentos y a mejorar una oferta que, si bien está muy lejos de lo que se reclama, constituye un recule frente al efecto contagio que la huelga generó sobre otros sectores estatales.

La docencia, por su lado, fue testigo de todas las maniobras del gobierno y la burocracia sindical contra la lucha. Pero también atestiguaron la fuerza de su participación en las asambleas y en la calle poniendo en jaque al gobierno que tuvo que llamarse a silencio y a confiar nuevamente en la burocracia como herramienta de disciplinamiento.

En un marco de inflación creciente y de ajuste sin fin, como consecuencia del acuerdo con el FMI y el Plan Castello, este conflicto está condenado a reabrirse más temprano que tarde.

Ante esta situación, desde Tribuna Docente llamamos a la docencia en general y a las agrupaciones combativas en particular a construir una alternativa política antiburocrática e independiente de los gobiernos, que permita recuperar al sindicato como herramienta de lucha para la docencia de cara a las elecciones y a las futuras luchas que nos depara este año. Contra la pauperización del salario, contra la estafa a los jubilados, en defensa de nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios y la educación pública en general.

El cierre de este capítulo de la lucha docente deja como conclusión la necesidad de expulsar a la burocracia sindical de la dirección de los sindicatos para transformarlos en ámbitos de lucha y organización de los trabajadores y de que la lucha en la calle, en unidad con el resto de los trabajadores es la salida a la lucha contra el ajuste del gobierno.