El congreso de UnTER del viernes 18 de marzo, en una votación muy ajustada, definió otorgarle al gobierno una semana más sin medidas de fuerza, y esperar una nueva propuesta salarial. La agrupación Azul-Arancibia impulsó en las asambleas y en el congreso que la propuesta salarial sea declarada insuficiente, exigiendo “la urgente convocatoria a una nueva reunión paritaria con una propuesta salarial que contemple el proceso inflacionario en la semana del 21 al 25 de marzo, caso contrario realizar un paro de 48 horas en fecha a consensuar con los sindicatos que conforman el Frente Sindical”

Ésta definición sin precisión de porcentajes y sin sumas concretas de incremento salarial, tiene como objetivo, acercarse al planteo de la conducción de ATE, (y la del gobierno), que consiste en “acortar el número de tramos del incremento del 22%, además de que cada uno de ellos tenga un carácter acumulativo, de manera de proteger el poder de compra del bolsillo de los estatales.” y “adelantamiento a mayo, de la revisión propuesta para junio”, es decir, un verso para hacer pasar otra vez un acuerdo a la baja y condenar a la docencia y al conjunto de los estatales a subsistir con salarios de pobreza.

Carreras, al igual que el gobierno nacional, tienen una definición clara en lo que se refiere a la política de sueldos: Subordinar la masa salarial al pago de los intereses usurarios del negociado Plan Castello, seguir financiando su ejército de punteros y funcionarios con sus prebendas y, al igual que Fernández, someterse al acuerdo con el FMI. Las burocracias sindicales son cómplices de esta política detrás del discurso de lograr “lo posible” para dejar de luchar por lo necesario. La dilación en el tiempo para hacer pasar la propuesta del gobierno, contrasta con la realidad inflacionaria y las necesidades de nuestras familias.

En contraposición a la conducción , el debate en el congreso de UnTER tuvo como protagonistas a las seccionales de la oposición y a los delegados de Tribuna Docente de diferentes localidades, que plantearon que ningún docente puede seguir cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza y la urgente necesidad de que, en la paritaria, se dé respuesta a los numerosos reclamos y reivindicaciones expresados en los mandatos de las asambleas. Los planteos de cláusula gatillo mensual de indexación salarial según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) plantean confrontar decididamente con los gobiernos (más aún por la escalada de precios y el encarecimiento del costo de vida) para no perder frente a la inflación, dar fin a las asambleas virtuales que limitan el acceso al trabajo, y frenar las arbitrariedades antilaborales del CPE (entre otros reclamos)

Las conclusiones de muchos delegados presentes en el congreso fueron la de seguir impulsando una mayor participación y asistencia de las y los compañeros a las asambleas, votar un plan de lucha progresivo para imponer al gobierno todos nuestros reclamos y reivindicaciones. Se hace cada vez más claro para el conjunto de la docencia que es necesaria otra conducción que responda a los verdaderos intereses de la educación pública y las y los trabajadores.