El martes 20, la “Cooperativa en lucha” del ex Supermercado Tigre convocó a una reunión para lanzar un “movimiento en defensa de la Toma”.

Esta convocatoria obedeció a la ofensiva de la Justicia contra la Cooperativa, que tiene vencido los plazos fijados por la ley de expropiación provisoria aprobada en 2004, en la Legislatura santafesina, y a la reciente resolución del Juzgado que considera a los trabajadores de “La Toma” como “ocupantes” y señala la inviabilidad de la “Cooperativa”.

Estuvieron presentes concejales, diputados, emprendimientos productivos y sociales, otras empresas recuperadas como Mil Hojas y la Cabaña, la CTA, ATE, Amsafe, Empleados de Comercio, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas.

Más de 100 personas escucharon a Ghioldi, secretario gremial de Comercio, que dio el informe legal, señaló que es un problema general que están sufriendo las empresas recuperadas e informó la propuesta de campaña que ya habían resuelto en reuniones previas de los emprendimientos que funcionan en el “ex supermercado”.

Se presentará un petitorio, dirigido a la Presidencia, al gobierno provincial y a diputados y senadores, con la “necesidad de una resolución que permita la continuidad del emprendimiento productivo y de las actividades culturales y sociales, que a partir de la autogestión de los trabajadores funciona en ese lugar desde hace años”.

Aunque la reunión fue exclusivamente informativa, quedó planteado un debate con la propuesta que llevó el Partido Obrero.

El PO planteó la necesidad de desarrollar una campaña de conjunto, en defensa de las empresas recuperadas y entregó a los asistentes una declaración con una propuesta de programa y de plan de lucha.

El eje de la campaña debería ser la expropiación definitiva, sin indemnización, y la entrega gratuita a los trabajadores del ex Supermercado; un planteo aplaudido, pero que no quedó registrado en el petitorio.

Un aspecto señalado por los medios de prensa es que en la Legislatura santafesina está presentado un proyecto de ley de expropiación definitiva, realizada por el diputado socialista Bonfatti, que establece que “el Estado provincial se haga cargo de la quiebra, en tanto la cooperativa beneficiada deberá devolver ese monto a través de una línea de crédito a 20 años con dos años de gracia y en cuotas semestrales, a una tasa de interés que no deberá ser superior al 10%”.

Este hecho abrió la especulación de que ahora cuando el PS es gobierno, el tema estaría prácticamente resuelto; los principales dirigentes de Empleados de Comercio de Rosario son aliados del binnerismo. Sin embargo, los Kirchner están acaudillando la ofensiva contra las empresas recuperadas en todo el país.

Es más necesaria que nunca una campaña de conjunto con un programa de expropiación definitiva y entrega gratuita a los trabajadores como parte de la defensa de todas las empresas recuperadas.