El martes 2, los choferes de colectivos de Rosario levantaron, con una primera victoria, el paro que llevaba 23 días, en reclamo por deudas salariales.

Al inicio de la medida les debían el 50% del salario de abril. Luego de varios días de paro, el municipio abonó un 15%. El conflicto dio un giro con la histórica movilización de 2.000 choferes que irrumpió en el centro de la ciudad, impulsada por una autoconvocatoria, ante la cual la cúpula de la UTA tuvo que reacomodarse. Con esa movilización, el paro con acatamiento de casi el 100% conmovía a la ciudad y cuestionaba al poder político provincial y municipal, que daban la espalda a más de 2.500 familias obreras que se veían privadas de sus ingresos.

Finalmente, el lunes 1°, la provincia y el municipio depositaron un 20% más, y el martes 2 anunciaron que el 15% restante sería pagado por las empresas. Con ese compromiso, los trabajadores resolvieron levantar la medida.

Sin embargo, además de los reclamos por el salario adeudado, en la última semana se puso en discusión cuál es la salida de fondo del sistema de transporte. En primer lugar, porque ni el gobierno ni las empresas hicieron anuncio alguno sobre qué pasara con el cobro de mayo, que debería depositarse el viernes 5, sin contar los bonos adeudados de meses anteriores.

Como trasfondo hay una disputa entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y las intendencias, tanto de Santa Fe capital como de Rosario, que se tiran la pelota sobre quién carga con los subsidios a las empresas y el funcionamiento del servicio. Desde Nación afirman que los subsidios aumentaron en febrero y fueron girados, pero los municipios aseguran que no alcanzan. Pero ni Alberto Fernández ni el gobernador Omar Perotti, ni los intendentes Pablo Javkin, de Rosario, ni Emilio Jatón, de Santa Fe, pretenden meterse con las multimillonarias ganancias que se embolsaron durante años las empresas de transporte. Ahora, ante la caída en la cantidad de pasajeros, estas patronales pretenden ajustar sobre los trabajadores.

Se puso de manifiesto una crisis de fondo del esquema de subsidios millonarios para las concesionarias y aumento del boleto para la población trabajadora. La propia cámara empresarial del transporte (Fatap) aludió a una crisis terminal, reconociendo que la caída de usuarios no se va a revertir en su totalidad con la flexibilización de la cuarentena. Frente a esto preparan un enorme plan de ajuste con despidos, rebajas salariales y pérdidas de conquistas obreras. La empresa Ersa Urbano hizo punta en esa dirección, solicitando al Ministerio de Trabajo de la provincia un recurso preventivo de crisis para despedir al 20% de los trabajadores y suspender a otro 40%.

La conducción de la UTA, en lugar de responder en la defensa de los puestos de trabajo, declaró que “hay que replantear algunos puntos del sistema de transporte” porque muchas líneas “son totalmente deficitarias”, y ante ello “la variable de ajuste no debe sólo ser el salario” (La Capital, 2/6). De esta manera, la cúpula del sindicato abre las puertas a la reducción de servicios -y por lo tanto a despidos-, que empezará por afectar a los barrios periféricos y que sufrirán todos los trabajadores.

Es por eso que, desde que comenzó el conflicto, la conducción de la UTA buscó evitar por todos los medios cualquier instancia de asamblea o de deliberación de la base de los trabajadores y acompañar el paro con la movilización. La irrupción de los choferes en el centro de la ciudad, tras 17 días de paro, fue arrancada por la presión desde abajo y se demostró efectiva para destrabar el pago del salario de abril.

En la medida en que no está asegurado el pago del salario de mayo ni los bonos adeudados, y en la medida en que se profundiza la crisis del transporte y la amenaza patronal de un enorme plan de ajuste, la lucha debe continuar. Es imprescindible convocar asambleas en los lugares de trabajo y evitar que se margine a la base de los choferes de las decisiones a tomar, para votar un plan de lucha en defensa del salario y los puestos de trabajo.

Desde el Partido Obrero planteamos que se rescinda la concesión a toda empresa que no pague salarios o despida, estatizando el servicio bajo control de trabajadores y los usuarios. Exigimos la apertura de los libros de todas las empresas para investigar a dónde fueron a parar los millones y millones de pesos de subsidios de estos años. El funcionamiento del transporte urbano e interurbano de pasajeros tiene que financiarse con un impuesto a las grandes empresas de la industria y el agro, que explotan los recursos y la mano de obra de la provincia de Santa Fe.