Este 6 de enero, las cámaras empresariales junto a los sindicatos petroleros de todo el país, firmaron un acuerdo que establece una compensación extraordinaria, y por única vez, para todos aquellos trabajadores petroleros que están alcanzado por la aplicación del artículo 223 bis de la LCT ( Ley contrato de trabajo), que a la fecha las propias fuentes sindicales reconocen que son más de 5.000 trabajadores.

Por este artículo, los trabajadores que fueron suspendidos cobran una asignación no remunerativa que representa menos de la mitad del salario.

Para fijar de cuánto será la suma extraordinaria, el acuerdo establece que se usará la metodología fijada para establecer el aguinaldo, es decir la remuneración mejor y habitual del segundo semestre, sumándole a ello un 16,2 % que fue el porcentaje adeudado por el acuerdo del 2019. Se trata entonces, de una suma ruinosa que consolida la miseria salarial de trabajadores que fueron suspendidos y que durante el segundo semestre del 2020 han cobrado menos del 50%, y en algunos casos, solo un 15% del salario.

El acuerdo es ruinoso por dos motivos. En primer lugar, porque fue presentado de otra forma por el secretario general del sindicato Petroleros de Neuquén, Rio Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra. Es que según este, la suma fija se haría tomando el sueldo de febrero de 2020, es decir, cuando aún los trabajadores estaban en actividad y no suspendidos. Y por lo tanto, la suma fija más el 16,2 % representaba un verdadero aguinaldo respetando el salario de cuando estaban en actividad.

En segundo lugar, porque se produce luego de que la dirección del sindicato que conduce Pereyra, impulsara el pago de una compensación extraordinaria de $50.000 para todos (activos y suspendidos). Este reclamo fue presentado por la burocracia con bombos y platillos el pasado 16 de diciembre, señalándose que “Nosotros ya pusimos el hombro, ahora les toca a las empresas” Como se verá, otra vez, los que ponen el hombro (y sus vidas) son los obreros petroleros.

El acuerdo firmado por todos los sindicatos petroleros del país con CEPH (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos), la cual está dirigido por Sergio Affronti, presidente de YPF, para el periodo 2021-2023, echa luz de que se trata de una orientación no solo de las patronales del país, sino que también del gobierno nacional de Alberto Fernández.

Con este nuevo convenio se agudiza toda una política antiobrera caracterizada por aumentos salariales inferiores a la inflación con sumas fijas, no remunerativas, suspensiones con rebajas salariales y con esquemas de trabajo basados en la superexplotacion con más ritmos de producción, multiplicidad de tareas que significan accidentes y muertes obreras, demostrada recientemente por el fallecimiento del trabajador de AESA, Ariel García.

Ante este cuadro, importa considerar fuertemente un programa: basta de sumas fijas, por una paritaria 2021 que contemple una recomposición salarial, basta de suspensiones y rebajas salariales, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, comisiones obreras de seguridad e higiene, apertura de los libros contables de las empresas que aducen estar en crisis, abajo las reformas laborales y la adenda al convenio del año 2017. Todos estos reclamos están asociados a la pelea por una nueva dirección en el sindicato petrolero, la cual ha dado sobradas muestras de su carácter antiobrero y entregador. Y además a la lucha por la nacionalización de la industria energética bajo control de los trabajadores.