10/11/2021

Salarios devaluados en medio del ajuste

La política económica del gobierno y la puja contra el peso hace estragos en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Contra lo que se intenta presentar como una “recuperación de los salarios”, con el impacto reciente y fugaz de los acuerdos salariales, el poder adquisitivo de los trabajadores está sufriendo una caída “silenciosa”, conforme se devalúa la moneda nacional. La política de ajuste del gobierno ya ha producido estragos en los salarios, cuyo valor en dólares no ha parado de caer.

El dato del momento es que el promedio de los salarios privados registrados –que está lejos de ser el promedio del conjunto de los asalariados- de septiembre, ubicado en unos $ $94.157,71, representa tan solo 489 dólares (a Dólar Bolsa): una cifra que se arrima al piso del 2002, cuando tocó fondo en 312 dólares.

Para quien afirme que la medición del salario en dólares no se corresponde con la pérdida de la capacidad de compra en pesos, cabe señalar que gran parte de los bienes y servicios que consumimos contiene componentes importados y/o tarifas dolarizadas. Además,  las expectativas patronales empujan los precios hacia arriba, remarcando productos, ante lo que consideran una inevitable devaluación que cierre la brecha cambiaria existente.

El valor en dólares de los salarios viene en caída libre desde el 2017, cuando el macrismo profundizó el deterioro de su endeble plan económico y habilitó la devaluación abrupta de la moneda: un curso que ha ido persistiendo en el tiempo y que ahora se expresa en las cotizaciones “reales” del dólar.

El medio Infobae también ha confeccionado una estadística que da cuenta del deterioro de los salarios reales en la evolución histórica, tomando como punto de partida el 2016, con un valor 100 de referencia.

La serie muestra como los salarios (privados, públicos e informales) comienzan a precipitarse a finales del 2017, llegando a valores de referencia del 86,1% en los privados, 78,3 en el sector público y 70,8 en el informal, promediando una pérdida del 20% del valor real de los salarios desde el 2016.

Otro dato que da cuenta de la caída real de los salarios son los propios registros oficiales del Indec, que estiman la participación de los salarios en el 40% del producto bruto, registrando una caída de 9,79 puntos en comparación con el segundo trimestre del 2020. Eso indica que la supuesta recuperación económica va de la mano de una mayor explotación, precarización y flexibilización laboral.

La mayoría de las paritarias cerraron en una media del 45%, mientras otras pocas se acercan al 50%, contra una inflación interanual que en septiembre cerró en el 51,4%, y una suba de los precios que se ha vuelto a colocar por arriba de los tres puntos. Solo el sindicato clasista del Neumático y algunas excepciones del sindicalismo combativo lograron posicionarse por arriba de estos resultados.

Las patronales no solo se han dedicado los últimos meses a presionar por una reforma laboral profunda, que les otorgue mayores facultades y “facilidades” a la hora de contratar y despedir, sino que también reclaman una mayor devaluación que les permita liquidar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentar su rentabilidad. Esto a pesar de que ya han devaluado los salarios, bajando los “costos laborales” en pesos, sin que esto los saque de la huelga de inversiones.

La pérdida del valor real de los salarios es una responsabilidad de los sucesivos gobiernos ajustadores y la continuidad de la agenda del FMI. Y a su vez deja planteada la servilidad de la burocracia sindical, que viene acompañando este proceso de deterioro en los salarios y condiciones de empleo, incluso facilitando la labor patronal como ha sucedido recientemente en la multinacional Toyota.

La defensa de los ingresos de los trabajadores debe partir de una recomposición general de los salarios, comenzando de un piso equivalente a la canasta familiar y atando los salarios a la evolución mensual de los precios para evitar la confiscación a los bolsillos obreros por medio de la inflación. La política económica del país no puede depender de la agenda del imperialismo y las presiones patronales, sino que debe estar en manos de los trabajadores con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, así como de los principales recursos y resortes de la economía nacional, bajo control obrero.